El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado declarar de fuerza mayor y extrema necesidad la situación generada por la llegada masiva a las costas andaluzas de arribazones del alga exótica invasora Rugulopterix okamurae, conocida como alga asiática. La medida permitirá aplicar la exención del impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertedero, con el objetivo de aliviar la carga económica que soportan los municipios costeros.
La decisión se ampara en lo previsto en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que contempla la exención de este tributo en situaciones excepcionales como catástrofes o circunstancias de fuerza mayor. En este caso, las administraciones locales se enfrentan a un fenómeno imprevisible, sin responsable directo y que exige actuaciones urgentes por motivos de salud pública y protección ambiental.
La Rugulopterix okamurae, originaria del Pacífico, fue detectada por primera vez en 2016 en el entorno del Estrecho de Gibraltar y desde entonces ha mostrado una capacidad de expansión extraordinaria. Actualmente, su presencia se extiende por las cinco provincias costeras andaluzas —Cádiz, Huelva, Málaga, Granada y Almería— con especial incidencia en el litoral gaditano y la parte occidental malagueña.
Las consecuencias de esta invasión son múltiples. En el ámbito pesquero, la acumulación de algas dificulta las labores de faena, daña los aparejos y reduce la rentabilidad de las capturas. En las playas, los arribazones generan problemas de salubridad, malos olores y un notable impacto paisajístico, afectando de lleno a la actividad turística.
Municipios como Tarifa, Conil de la Frontera, La Línea de la Concepción o Marbella soportan una presión constante por la retirada de toneladas de biomasa, cuyo crecimiento se mantiene incesante. En algunos casos, como en Tarifa, se han llegado a gestionar más de 11.000 toneladas en un solo verano, mientras que en otras localidades los volúmenes se han multiplicado en los últimos años.
La gestión de estos residuos supone un desafío adicional. Las características del alga —alto contenido en sal y arena, inestabilidad y riesgo de propagación— dificultan su valorización, por lo que, en la práctica, la mayor parte debe ser trasladada a vertedero. Hasta ahora, este proceso implicaba el pago de un impuesto estatal de 30 euros por tonelada, lo que ha incrementado notablemente los costes para los ayuntamientos.
Con esta declaración, la Junta pretende evitar una penalización económica que considera injusta ante un fenómeno inevitable y aún sin solución definitiva. La medida estará vigente hasta que se superen las circunstancias extraordinarias que han motivado su aprobación.