El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha obtenido este martes el respaldo del comisario europeo de Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, para extender la exención del sistema de comercio de emisiones (ETS) en el archipiélago. Tras el encuentro en Bruselas, el dirigente autonómico agradeció el apoyo a una medida que considera vital, ya que permite que las conexiones aéreas y marítimas entre las islas y con la península operen sin abonar las tasas del ETS mientras no existan alternativas de transporte menos contaminantes.
El comisario europeo se comprometió a trabajar junto a Raffaele Fitto en defensa de las Regiones Ultraperiféricas (RUP). No obstante, la decisión final sobre esta cuestión corresponde a la vicepresidenta Teresa Ribera y al comisario del Clima, Wopke Hoekstra, con quienes el Ejecutivo canario prevé mantener contactos durante el resto de la visita oficial para evitar el encarecimiento de la conectividad.
El Gobierno canario considera esta medida esencial para el archipiélago, donde el transporte aéreo resulta imprescindible para necesidades cotidianas como la atención sanitaria, la formación académica o el desempeño laboral.
El Ejecutivo autonómico sustenta su petición en un informe ejecutivo que cuantifica el impacto económico de una eventual supresión de la exención. Según el estudio, el precio de cada billete interinsular se incrementaría entre 2 y 3 euros, mientras que los vuelos con destino a la península experimentarían una subida de entre 15 y 20 euros. Más allá del transporte de pasajeros, el documento advierte de que la aplicación del ETS provocaría un encarecimiento generalizado de las mercancías, dado que el transporte marítimo abastece el 90 % del consumo local del archipiélago.
La solicitud se produce en un momento especialmente sensible, ya que la Comisión Europea tiene previsto presentar antes del verano una evaluación de las directivas del transporte aéreo y marítimo. Esta revisión determinará si se mantiene el trato diferenciado que ampara el artículo 349 del Tratado europeo a las Regiones Ultraperiféricas.
Aunque el archipiélago cuenta con la exención garantizada hasta 2030, el horizonte a medio plazo plantea incertidumbres. El Pacto Verde Europeo establece como meta la reducción de las emisiones en un 90 % para 2040, un objetivo que podría comprometer la continuidad de esta medida. Desde el Gobierno canario se defiende la transición hacia energías limpias, pero se insiste en que «las RUP deben contribuir a los objetivos climáticos, pero sin sacrificar su cohesión social, su economía ni su conectividad».
Otro de los asuntos planteados en Bruselas es la distorsión competitiva que afecta a los puertos canarios frente a terceros países. En la actualidad, los buques que operan entre el archipiélago y Europa abonan el 100 % de sus emisiones, mientras que las rutas con países no comunitarios solo tributan por el 50 %. Esta asimetría genera un incentivo para que las navieras desvíen sus escalas hacia puertos africanos, lo que perjudica directamente a las infraestructuras portuarias canarias. El Ejecutivo autonómico reclama un cambio normativo urgente que corrija esta situación y proteja la competitividad del archipiélago en el tráfico marítimo internacional.