Varias organizaciones, agrupadas en torno a la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y la campaña «Fin al Comercio de Armas con Israel», han denunciado públicamente el tránsito de buques con armamento y suministros energéticos a través de puertos españoles, que, según afirman, estarían contribuyendo al sostenimiento de la ofensiva israelí sobre Gaza.
Las protestas tendrán lugar en los accesos a los puertos de Algeciras, Barcelona, Cartagena, Ceuta y Valencia. Los convocantes expresarán su rechazo al uso de estos enclaves como puntos logísticos en la cadena de suministro de armamento y recursos energéticos hacia Israel, y reclamarán al Gobierno medidas inmediatas para detener esta actividad.
En un comunicado, las organizaciones señalan que «Israel no podría mantener su sistema de ocupación ilegal, apartheid y ofensiva militar sin apoyo externo». En esta línea, argumentan que los suministros de armas y energía provenientes de terceros países juegan un papel central en la prolongación del conflicto.
Los colectivos acusan directamente al Ejecutivo español de inacción ante lo que califican como una “violación sistemática del derecho internacional humanitario”. En concreto, solicitan que España aplique los artículos 19 y 25 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que permiten denegar el paso por aguas territoriales a embarcaciones con destino o carga que contravenga la normativa internacional.
Además, reclaman que se implemente un embargo integral sobre el comercio de armas con Israel, que incluya también la producción bajo licencias israelíes, la contratación pública y el tránsito marítimo y aéreo, tanto en puertos civiles como en bases militares estadounidenses en territorio español.
Entre las embarcaciones mencionadas por los convocantes como presuntamente vinculadas al transporte de carga militar o energética con destino a Israel se encuentran los buques Maersk Narmada, Nysted Maersk, Maersk Norfolk, Zim Asia, Zim Virginia, Mario A. y Chemical Master, que, según la campaña, operan actualmente rutas que incluyen escalas en puertos del Estado.
También se ha hecho referencia a la reciente imputación del presidente y dos directivos de la empresa Sidenor, tras una denuncia interpuesta por la campaña, por la supuesta exportación ilegal de acero destinado a la industria armamentística israelí. Este proceso judicial ha sido calificado por los colectivos como un precedente en la lucha contra la impunidad empresarial en contextos de conflicto armado.
Asimismo, citan el último informe de la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, titulado “Gaza Genocide: A Collective Crime”, donde se advierte que “las acciones de empresas, instituciones y gobiernos que vulneren el derecho internacional podrían convertirles en cómplices de crímenes internacionales”.
En el comunicado, las organizaciones lanzan un llamamiento a sindicatos, trabajadores portuarios, personal de aduanas, transportistas y otros profesionales del sector logístico, a ejercer la objeción de conciencia y no colaborar en actividades relacionadas con el envío de materiales con potencial uso militar a Israel.
Por último, subrayan que seguirán desarrollando acciones de denuncia pública y presión institucional para exigir la paralización de cualquier tipo de colaboración comercial, logística o militar con el Estado israelí.