La situación se torna más que tensa en el puerto de Algeciras y el resto de España, después de que el Gobierno haya adquirido con Bruselas el compromiso de tramitar el Decreto Ley de reforma del sector de la estiba de manera inmediata y, sobre todo, porque el documento (que las partes aún desconocen) plantea la liquidación de las Sagep y del registro de estibadores, lo que ha acabado por indignar a los sindicatos, que ya han convocado a los trabajadores a asambleas informativas para determinar las acciones a llevar a cabo.
Fomento va a tramitar la reforma con urgencia, ya que el incumplimiento de la sentencia de diciembre de 2014 del Tribunal de Luxemburgo obligará a pagar multas millonarias a partir de abril y para ello necesita de un consenso parlamentario que se encuentra en duda, después de que el diputado socialista, Salvador de la Encina, haya asegurado que “el PSOE nunca apoyará una reforma que no pase por el acuerdo suscrito entre Patronal y Sindicatos”.
Ante esta situación, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Manuel Morón, ha manifestado que “hay que hacer cambios en la estiba, pero está claro que todo esto es un cúmulo de desaciertos”, porque después de dejar pasar el tiempo (el dictamen de Bruselas fue emitido en septiembre de 2012 y la sentencia del tribunal de Luxemburgo en diciembre de 2014), “se quiere resolver a toda prisa y corriendo para evitar las sanciones”.
Además, Morón no entiende cómo las Autoridades Portuarias (responsables directas de la gestión de los puertos) han sido obviadas y no han sido consultadas, ni informadas, afirmando que “el puerto de Algeciras, con más de 1.800 trabajadores portuarios, algo tendrá que decir en todo esto”.
El presidente de la APBA afirma que “el Gobierno quiere hacer la reforma por decreto, sin tener en cuenta el consenso de sindicatos y empresarios, llevándonos a la conflictividad, que es lo que más puede perjudicar a los puertos (en especial al de Algeciras) y a la economía del país”. “Lo más sangrante es que las posibles indemnizaciones que se deriven de este proceso, las tengan que abonar las Autoridades Portuarias, mientras el propio personal lleva esperando desde 2009 un incremento de la masa salarial por la congelación del convenio”, ha concluido Morón, criticando duramente la postura incomprensible del Gobierno en este asunto.