El Gobierno de Estados Unidos ha advertido que aplicará represalias económicas y diplomáticas contra los países que apoyen el establecimiento de un impuesto global al carbono para el transporte marítimo, cuya votación está prevista esta semana en el seno de la Organización Marítima Internacional (OMI). La propuesta, conocida como Net Zero Framework (NZF), forma parte de una estrategia respaldada por varios Estados miembros para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector.
En un comunicado conjunto publicado el 10 de octubre, los secretarios de Estado, Energía y Transporte de EE. UU., Marco Rubio, Jennifer Wright y Steven Duffy, señalaron que la adopción del NZF impondría «costes desproporcionados e injustos» sobre ciudadanos, navieras y consumidores estadounidenses. Calificaron la medida como un “régimen fiscal no autorizado” promovido principalmente por países europeos, que supondría una carga global sin aprobación directa de los Estados.
La administración estadounidense advirtió que, en caso de aprobarse el marco, tomará medidas que podrían incluir la prohibición de entrada a puertos estadounidenses para buques con pabellón de países que respalden el impuesto, el inicio de investigaciones por prácticas comerciales anticompetitivas, y la suspensión de contratos públicos vinculados a construcción naval, infraestructuras y terminales de GNL con empresas o Estados que apoyen el plan. Además, se estudia la imposición de tasas portuarias adicionales a buques registrados u operados desde dichos países.
También se han planteado restricciones migratorias para tripulaciones marítimas, como un incremento de tasas consulares, revisiones en los visados tipo C-1/D y limitaciones de entrada. Asimismo, se contempla la posibilidad de aplicar sanciones específicas a funcionarios que promuevan activamente el marco NZF.
“El Gobierno de EE. UU. actuará para proteger sus intereses económicos. No aceptaremos que se impongan normas internacionales que afectan negativamente a nuestro comercio, nuestras empresas y nuestros ciudadanos”, recoge el comunicado, en el que se califica la propuesta como una forma de “exportación neocolonial de regulaciones climáticas”.
A pesar de estas advertencias, la iniciativa cuenta con un respaldo significativo dentro del sector. Organizaciones como la Cámara Naviera Internacional (ICS), la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), el Consejo Mundial del Transporte Marítimo (WSC), la Asociación Internacional de Puertos (IAPH), y asociaciones de armadores de Europa y Asia han reiterado su apoyo a la adopción del marco. En una declaración conjunta, estas entidades destacaron que solo una regulación global armonizada puede evitar un mosaico de normativas unilaterales que aumentaría los costes sin lograr avances reales en descarbonización.
El economista de transporte y logística de ING, Rico Luman, señaló que la oposición de EE. UU. introduce incertidumbre en una votación que, hasta ahora, parecía contar con mayoría suficiente. Añadió que, aunque EE. UU. representa un porcentaje modesto del tonelaje mundial como Estado de pabellón, su peso como socio comercial y su capacidad para tomar represalias puede generar tensiones diplomáticas y operativas. Luman sostuvo que, incluso si los costes del transporte aumentaran en torno a un 10 %, el impacto sobre los precios al consumidor sería limitado, ya que el transporte marítimo representa solo una pequeña parte del coste total de la mayoría de los productos. En comparación, subrayó que los actuales aranceles a las importaciones tienen un efecto económico más severo.
La sesión extraordinaria del Comité de Protección del Medio Marino de la OMI continuará durante toda la semana, con una votación prevista entre el 14 y el 17 de octubre. El resultado determinará si se avanza hacia la implantación del primer mecanismo global de fiscalidad ambiental en el transporte marítimo internacional.