Estados Unidos ha rechazado este martes la propuesta de “Net-Zero Framework” que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha llevado a debate para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo internacional, y ha amenazado con medidas contra los Estados que la respalden. La posición se ha hecho pública en una declaración conjunta firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio; el de Comercio, Howard Lutnick; el de Energía, Chris Wright; y el de Transporte, Sean Duffy, en la que se ha asegurado que la Administración Trump “no tolerará” acciones que incrementen los costes para consumidores, proveedores de energía, navieras, sus clientes o turistas.
El anuncio se ha producido a pocas semanas de la reunión del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) en octubre, instancia en la que la OMI ha previsto someter a decisión el marco neto cero si no se consigue un consenso. Washington ha sostenido que “buscará apoyo” entre otros Estados miembros contra la iniciativa y “no dudará en tomar represalias o explorar remedios” si el esfuerzo fracasa. El comunicado no ha detallado el alcance de esas posibles medidas, que se han enmarcado en un contexto en el que la Administración ha utilizado aranceles para condicionar políticas de terceros países.
Estados Unidos se ha retirado de las conversaciones sobre el marco neto cero en abril y ha instado a otros miembros a reconsiderar su apoyo. Según lo trasladado por distintas delegaciones, los Estados miembros de la OMI han acordado en abril proseguir con el desarrollo del marco tras una votación por mayoría simple: 63 países, entre ellos China, Brasil y varios de la UE, han votado a favor, y 16 se han posicionado en contra. Para octubre, la adopción formal requeriría una mayoría de dos tercios entre los 108 Estados que han ratificado la normativa de referencia, y la votación solo se produciría si no hay acuerdo.
En su argumentario, la Administración ha calificado el plan como “un impuesto global al carbono recaudado por una organización de la ONU no responsable ante los estadounidenses” y ha advertido de que los estándares de combustible “beneficiarían” a China al exigir el uso de combustibles más costosos “no disponibles a escala global”. También ha señalado que las nuevas reglas “excluirían tecnologías probadas” en la flota mundial, mencionando el gas natural licuado (GNL) y los biocombustibles, ámbitos en los que la industria estadounidense ha mantenido posiciones relevantes. Washington ha subrayado que, bajo el marco, los buques tendrían que pagar tasas por no alcanzar objetivos “inasequibles” de combustible y emisiones.
El transporte marítimo ha movido en torno al 80% del comercio mundial y ha representado cerca del 3% de las emisiones globales de CO₂, por lo que ha estado bajo presión de inversores y organizaciones ambientales para concretar medidas, entre ellas un gravamen al carbono. Varias grandes navieras han anunciado compromisos de neutralidad climática para 2050, y asociaciones sectoriales han respaldado la necesidad de un marco regulatorio, si bien han pedido instrumentos de apoyo como tasas a los combustibles fósiles para cubrir el diferencial de coste de los combustibles alternativos.
En el plano tecnológico, el debate sobre la viabilidad de los combustibles de cero y bajas emisiones ha continuado. Según la industria del metanol, China ha concentrado una parte significativa de la capacidad anunciada de producción de metanol verde hacia 2030 y, a corto plazo, ha previsto aportar un volumen mayoritario hasta 2028. Al mismo tiempo, voces del sector han advertido de la complejidad del calendario de la OMI: directivos de certificación marítima han señalado en foros recientes que, tras la retirada de Estados Unidos del proceso, el desenlace de octubre ha permanecido abierto.
A la espera de la reunión del MEPC, el pulso regulatorio ha quedado condicionado por la tensión entre los costes de transición tecnológica y las señales de mercado necesarias para escalar combustibles como el amoníaco o el metanol, mientras que los defensores del GNL y los biocombustibles han reclamado su reconocimiento dentro de trayectorias de reducción de emisiones verificables. La posición anunciada por Washington ha añadido incertidumbre a la negociación en la OMI y ha elevado el rango de posibles respuestas comerciales entre Estados miembros.