El Clúster Marítimo Español (CME) ha solicitado esta semana en el Congreso de los Diputados la creación de una Estrategia Española de Economía Azul. La propuesta se presentó durante la jornada parlamentaria “Economía Azul: Retos y Oportunidades”, organizada por el Grupo Parlamentario Popular, y tuvo como eje principal el manifiesto “España en Azul”, que fue expuesto por el presidente del CME, Javier Garat.
Durante su intervención, Garat defendió el reconocimiento de la economía azul como un sector estratégico para el país, debido a su papel creciente en la generación de empleo, la competitividad industrial y la sostenibilidad ambiental. Según subrayó, el peso del conjunto de actividades vinculadas al mar —desde la industria portuaria y la logística, hasta la pesca, el turismo náutico, la energía marina y la innovación tecnológica— justifica una acción política coordinada a escala nacional.
Uno de los principales argumentos del manifiesto es la necesidad de superar la actual fragmentación administrativa, ya que al menos once ministerios ostentan competencias en áreas relacionadas con la economía azul. Esta dispersión normativa y operativa limita, según Garat, la eficacia de las políticas y frena la consolidación del sector. En este sentido, durante la jornada se planteó la posibilidad de crear un Ministerio del Mar o, alternativamente, una vicepresidencia económica que coordine las acciones vinculadas a este ámbito.
En la primera mesa de debate, centrada en la industria marítimo-portuaria, participaron representantes institucionales y empresariales como Elena Seco (ANAVE), Gustavo González de Vega (Gobierno de Canarias), Carlos Botana (Autoridad Portuaria de Vigo), Ignacio Álvarez-Ossorio (Agencia Pública de Puertos de Andalucía) y Antoni Mercant (Gobierno Balear). La sesión fue moderada por el diputado Juan Antonio Rojas y sirvió para analizar los principales desafíos que enfrenta el sector en materia de regulación, inversión, transición energética y formación.
Garat puso especial énfasis en la falta de relevo generacional y en la escasa atracción de talento joven hacia las actividades marítimas. A su juicio, la economía azul ofrece oportunidades laborales sólidas en perfiles técnicos y especializados, como soldadura naval o ingeniería marítima, así como en áreas emergentes vinculadas a la digitalización, la sostenibilidad o la innovación. Para hacer frente a este reto, el manifiesto propone reforzar la orientación vocacional, mejorar la formación profesional y universitaria, y aumentar la visibilidad del sector entre los jóvenes.
El documento también plantea la necesidad de impulsar la inversión público-privada, mejorar los mecanismos de recogida de datos sectoriales, promover la cultura marítima en la sociedad, facilitar la internacionalización empresarial y reducir la carga burocrática que afecta al desarrollo de nuevas actividades vinculadas al mar. Todos estos elementos forman parte de una hoja de ruta para consolidar la economía azul como una palanca de crecimiento sostenible.
La jornada parlamentaria concluyó con una segunda mesa redonda centrada en los sectores de pesca, turismo e innovación, que contó con la participación de Rosa Quintana (portavoz de pesca del Grupo Popular), Gabriel Mato (eurodiputado y coordinador de la Comisión de Pesca del Grupo PPE), Julio Morón (presidente de la Confederación Española de Pesca), Mercedes Pardo (presidenta de la Asociación Educación Azul), Juan Virgilio Márquez (director general de la Asociación Empresarial Eólica), Tomás Azcárate (presidente de la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos) y José Francisco Fernández Aparicio (secretario general del Consejo de PYMAR).
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, calificó la jornada como un ejercicio de escucha activa con representantes de la sociedad civil, y no como un acto de carácter partidista. Según afirmó, el objetivo es incorporar las demandas y propuestas del sector marítimo a la agenda política nacional.
Con esta iniciativa, el Clúster Marítimo Español, que representa a más de 150 entidades y más de 3.000 empresas, refuerza su papel como interlocutor ante las instituciones y reclama que la economía azul sea considerada una prioridad estratégica para el país. La propuesta parte de una visión integradora que aspira a situar al sector marítimo como uno de los motores del desarrollo económico, la innovación y la sostenibilidad en España.