La Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (FACOPE) se ha reunido con la Dirección General de Pesca de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía para abordar las consecuencias que las borrascas Leonardo y Marta han provocado en el sector pesquero de la comunidad autónoma. El encuentro, celebrado a solicitud de la propia federación y a iniciativa del presidente de la Federación Provincial de Huelva, Mariano García, ha permitido cuantificar por primera vez el alcance económico de los temporales y trazar las primeras líneas de actuación para paliar sus efectos.
Según la comparativa de las campañas de diciembre y enero de los tres últimos años presentada por la Administración durante la reunión, el sector pesquero andaluz acumula pérdidas aproximadas de seis millones de euros como consecuencia directa de los temporales. Los datos expuestos indican que 194 buques se han visto afectados, una cifra que representa más del 50% de la flota andaluza. Las pérdidas medias por embarcación se sitúan entre 7.000 y 8.000 euros, aunque en algunos casos alcanzan los 16.000 euros.
Al encuentro asistieron, por parte de la Administración, el Director General de Pesca y el Subdirector General. En representación del sector participaron el presidente de FACOPE, la Secretaría de la Federación, representantes de los puertos de Sanlúcar, Estepona, Marbella, Barbate, Isla Cristina y Motril, así como delegados de FECOPESCA y de las cooperativas de Rota y Chipiona.
La Dirección General de Pesca ha planteado la puesta en marcha de ayudas de mínimos con un límite inicial de hasta 40.000 euros por empresa, estructuradas en dos niveles principales. El primero está dirigido a cubrir daños materiales derivados de ambas borrascas que hayan impedido el desarrollo de la actividad pesquera durante el periodo comprendido entre mediados de noviembre y mediados de febrero. Para esta línea ya se han registrado alrededor de un centenar de declaraciones responsables. El segundo nivel se orienta a la compensación por lucro cesante para armadores, si bien el porcentaje exacto de cobertura está aún pendiente de determinación.
Junto a estas dos líneas, se contempla un tercer bloque de actuación en coordinación con la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, destinado a abordar los daños en infraestructuras de lonjas y las necesidades de dragado en los puertos. En el caso de las lonjas, el cálculo de las posibles compensaciones se realizará a partir de los datos de venta y facturación comparados con periodos anteriores, solicitándose a cada una de ellas declaración responsable sobre el porcentaje de comisión de venta y documentación justificativa.
La Administración ha indicado que todo el procedimiento estará sometido a auditorías y ha trasladado su intención de que las solicitudes de los buques sean precumplimentadas por la propia Administración, de modo que el armador solo deba firmar su conformidad o aportar datos adicionales en caso necesario. Esta fórmula tiene como objetivo agilizar la tramitación y el pago de las ayudas. En este contexto, se ha señalado la necesidad de que los buques que no tengan registrada su cuenta bancaria en la Administración se den de alta en el sistema GIRO para evitar retrasos. Las medidas deberán ser aprobadas en el próximo Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Durante la reunión también se trasladó una propuesta, planteada previamente por FAAPE, relativa a que las ayudas por paradas temporales se abonen de forma prioritaria a los tripulantes para favorecer su fidelización con las empresas, en lugar de hacerlo simultáneamente con los armadores. FACOPE manifestó su apoyo a esta medida.
Por otra parte, se abordó la situación de las Cofradías de Pescadores y las posibles líneas de apoyo que el sector solicita desde hace años. La Administración indicó que está estudiando distintas vías que, en el mejor de los escenarios, podrían materializarse a partir de 2027. Entre ellas figuran posibles subvenciones excepcionales a través de ayudas de concertación, la creación de Organizaciones de Productores Pesqueros (OPP) como vía prioritaria para acceder a fondos, el acceso a ayudas mediante los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero y Acuícola (GALPA), y un modelo similar al aplicado en otras comunidades autónomas mediante autofinanciación autonómica, condicionado a la existencia de partida presupuestaria.