El sector pesquero andaluz se unirá el próximo lunes, 19 de enero, a la convocatoria de huelga general promovida por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) en protesta por la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2023/2842 de Control Pesquero. Según ha informado Manuel Fernández Belmonte, presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope), “todos los barcos” permanecerán amarrados a puerto durante la jornada, en señal de rechazo a una normativa que, a juicio del sector, “pone en grave riesgo” la continuidad de la flota de bajura y costera, así como la seguridad en la mar y la actividad pesquera de proximidad.
La protesta responde a la entrada en vigor, el pasado 10 de enero, de una serie de requisitos normativos que, según las organizaciones pesqueras, resultan de difícil aplicación en determinadas tipologías de flota. Entre las principales críticas destaca la obligación de notificar la llegada a puerto con una antelación mínima de cuatro horas, una exigencia que afecta especialmente a embarcaciones que realizan mareas cortas. A ello se suma la necesidad de registrar capturas desde el denominado “kilogramo cero”, medida que las cofradías califican de “inaplicable” e “incompatible” con la realidad operativa del sector.
Fernández Belmonte ha advertido que, de no alcanzarse acuerdos satisfactorios, las movilizaciones podrían prolongarse más allá del lunes. Además, ha confirmado que a las 16:00 horas de ese mismo día se celebrarán concentraciones simultáneas en todos los puertos pesqueros del país. Estas acciones coincidirán con la reunión técnica prevista entre la Secretaría General de Pesca y la FNCP, en la que esta última expondrá sus demandas y reclamará una propuesta de solución.
La FNCP ha manifestado su rechazo al modo en que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está aplicando la nueva normativa comunitaria, acusándolo de “trasladar al pescador las consecuencias de una mala interpretación” y de “invadir el criterio profesional de los capitanes”. La federación insiste en que el sector no se opone al control, pero sí a la aplicación de medidas que “provocan parálisis de la actividad, pérdidas económicas, inseguridad jurídica y un aumento del riesgo para las tripulaciones”.
Desde Andalucía, la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) ya informó esta semana de una paralización parcial de la actividad en respuesta a la normativa europea, aunque indicó que la flota fue recuperando la normalidad de forma progresiva. No obstante, el clima de malestar persiste en todo el litoral andaluz, y la participación en la huelga general está confirmada por parte de todas las cofradías.
Este escenario se produce en paralelo al desarrollo legislativo en España. El pasado 21 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima, cuyo objetivo es adaptar la normativa nacional a las nuevas disposiciones europeas, al tiempo que se refuerza la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Esta nueva ley prevé, entre otras medidas, la implementación de un Plan Nacional de Control e Inspección, así como el uso intensivo del Centro de Seguimiento de Pesca como herramienta para asegurar el cumplimiento normativo.
El texto legislativo también introduce un régimen sancionador revisado, con tipificaciones más flexibles y una nueva categoría de infracciones leves. Esta modificación busca mantener la proporcionalidad entre las infracciones cometidas y el acceso a ayudas públicas, dado que las sanciones pueden condicionar la percepción de subvenciones. Asimismo, se establece la posible responsabilidad directa de armadores, patrones y titulares de licencias en determinados casos, con la finalidad de extender la cultura del cumplimiento en todo el ámbito pesquero, tanto profesional como recreativo.
Desde el sector, sin embargo, se observa con preocupación la convergencia entre esta ley nacional y el nuevo reglamento europeo, que, lejos de percibirse como herramientas de mejora, se consideran obstáculos añadidos a la ya compleja situación económica y estructural de la pesca artesanal y costera.