Las dos principales organizaciones del transporte de mercancías por carretera en España, la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas (Fenadismer) y la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), han expresado su rechazo al contenido del decreto-ley del Plan de medidas de respuesta a la crisis en Oriente Medio aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros. Ambas entidades coinciden en señalar que las ayudas son insuficientes para el sector profesional y advierten de posibles movilizaciones si no se producen rectificaciones a corto plazo.
La Asamblea General de Fenadismer, reunida con carácter extraordinario el sábado 21 de marzo tras la publicación del decreto en el BOE, manifestó su «profunda decepción» con el contenido de la norma y llegó a calificar de «perjudicial» la aplicación de algunas de las medidas aprobadas para el transporte por carretera. La federación denuncia lo que considera una desproporción injusta en el reparto de las ayudas: mientras que los vehículos particulares verán compensado prácticamente el cien por cien del impacto de la subida de la gasolina derivada de la guerra de Irán, en el caso de los vehículos profesionales las ayudas solo amortiguarán menos del 50% del sobrecoste real que están soportando, pese a ser el colectivo más afectado por el conflicto.
Fenadismer señala además una paradoja en la bonificación anunciada de 20 céntimos por litro para los transportistas, idéntica a la aprobada en 2023 cuando el gasóleo estaba 20 céntimos más barato. Según la federación, esta bonificación se verá reducida en la práctica en un 25% al haber eliminado el decreto-ley la figura del gasóleo profesional de la que venían disfrutando los transportistas desde 2007. La organización cifra en cerca de 250 millones de euros el sobrecoste acumulado por el sector durante las tres semanas de conflicto como consecuencia de la subida del diésel.
Otro de los puntos críticos que denuncia Fenadismer es que el decreto imposibilita en la práctica que los transportistas puedan repercutir a sus clientes los incrementos de costes derivados de la subida del gasóleo, que ha superado el 30% desde el inicio de la guerra. Las medidas aprobadas perjudican la capacidad de los profesionales para aplicar la fórmula de repercusión de la variación del combustible prevista en la regulación sectorial, aprobada en 2022 con ocasión de la guerra de Ucrania. Al no actualizarse el porcentaje que el diésel representa en los costes de explotación de los vehículos de transporte, y al reducirse el precio de los carburantes a los particulares —que es el que se toma como referencia para aplicar dicha fórmula—, los transportistas se verán obligados a renunciar a la repercusión de esos incrementos, quedando, según la federación, «en una situación de total indefensión y desamparo frente a sus clientes».
Por su parte, la CETM, tras analizar en detalle las 80 medidas incluidas en el plan integral de respuesta, expresó su «profunda preocupación y decepción» ante un paquete que, pese a su amplitud, no incorpora soluciones efectivas para el transporte de mercancías más allá del descuento de 20 céntimos por litro. La confederación considera que el plan evidencia «una desconexión preocupante entre el diagnóstico de la situación económica y las respuestas planteadas», dejando fuera a un sector estratégico cuya actividad resulta imprescindible para el funcionamiento del conjunto de la economía.
La CETM califica de «especialmente grave» que no se haya contemplado ninguna medida estructural ni apoyo directo a las empresas de transporte, y que se hayan eliminado mecanismos que ya estaban en funcionamiento, como el gasóleo profesional. La ausencia de ayudas directas por vehículo o mecanismos eficaces de indexación, según la confederación, sitúa a miles de empresas en una posición límite. El Comité Ejecutivo de la organización se reunió de urgencia para analizar las medidas y estudiar las acciones a emprender.
La confederación alerta de que la falta de medidas adecuadas acelerará el deterioro del tejido empresarial del transporte, con consecuencias directas no solo para el propio sector, sino para el conjunto de la cadena de suministro. La progresiva asfixia económica de las empresas puede traducirse, según la CETM, en una reducción de la capacidad operativa, tensiones en el servicio e interrupciones en el flujo de mercancías.
Fenadismer advierte de posibles movilizaciones a nivel nacional si el Gobierno no reacciona y rectifica las medidas antes de que finalice el mes de marzo, señalando que «el sector no puede aceptar un decreto que, en la práctica, les deja en una situación más desfavorable que antes de su aprobación». La CETM, por su parte, reitera su voluntad de diálogo, pero advierte de que «el margen de resistencia del sector no es ilimitado» y que la falta de una respuesta adecuada puede derivar en un escenario de tensión creciente con consecuencias que irían más allá del propio transporte.