Una coalición internacional de 47 gobiernos, con el respaldo de la Comisión Europea y la Cámara Naviera Internacional (ICS), ha presentado una propuesta para establecer un mecanismo de fijación de precios a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el transporte marítimo internacional. Este plan incluye un texto enmendado del Convenio MARPOL de la Organización Marítima Internacional (OMI) y será debatido por un grupo de trabajo de la OMI en febrero de 2025.
El mecanismo busca que las compañías navieras contribuyan económicamente por cada tonelada de CO₂ equivalente emitida, generando recursos destinados a un nuevo ‘Fondo para la aplicación de la Estrategia de GEI de la OMI’. Las contribuciones, estimadas entre 60 y 300 dólares por tonelada de combustible consumido, pretenden reducir la diferencia de costos entre los combustibles tradicionales y los combustibles con emisiones cero o casi cero, como el metanol verde, el amoniaco y el hidrógeno.
Los fondos también se utilizarán para recompensar la producción y el uso de estos combustibles renovables, y para apoyar iniciativas de reducción de emisiones en países en desarrollo. Este enfoque cuenta con el apoyo de grandes naciones marítimas como Japón, Grecia, Corea del Sur y el Reino Unido, así como de importantes Estados de abanderamiento como Bahamas, Liberia, las Islas Marshall y Panamá.
Según Guy Platten, secretario general de la Cámara Naviera Internacional, la propuesta representa una solución pragmática y efectiva para acelerar la transición energética del sector marítimo y alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050. Sin embargo, Platten destacó que aún persisten diferencias entre algunos Estados, por lo que será necesario lograr consensos durante las negociaciones finales.
La propuesta será sometida a evaluación en la reunión intersesiones del grupo de trabajo sobre emisiones de GEI de la OMI. Si las enmiendas al Convenio MARPOL son aprobadas en abril de 2025, el mecanismo podría entrar en vigor en 2027, con la recaudación de contribuciones prevista para 2028.
Entre los países patrocinadores de esta iniciativa figuran España y el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, junto con otros países como Bahamas, Fiyi, Japón, Liberia, Nigeria, Palaos, Panamá, Corea del Sur y Vanuatu.