Hutchison Port Holdings (HPH), filial portuaria de CK Hutchison Holdings (CKHH), ha advertido formalmente a A.P. Moller – Maersk de que cualquier intento por parte de APM Terminals (APMT) o sus filiales de asumir la administración u operación de los puertos de Balboa o Cristóbal sin consentimiento previo generará daños a CKHH, HPH y Panama Ports Company (PPC), y dará lugar a acciones legales contra APMT y las entidades involucradas.
Según el comunicado difundido por la compañía, la notificación fue remitida el pasado 10 de febrero de 2026. «Cualquier paso por parte de APMT o cualquiera de sus filiales para asumir la administración u operación de los puertos de PPC en Balboa o Cristóbal, en cualquier capacidad y por cualquier período de tiempo sin el acuerdo de CKHH, causará daños a CKHH, HPH y PPC y resultará en recursos legales contra APMT y/o sus filiales implicadas», señala el texto.
La advertencia se produce tras la decisión del Tribunal Supremo de Panamá que declaró inconstitucional la concesión otorgada a Panama Ports Company para la gestión de las terminales de contenedores en los puertos de Balboa y Cristóbal, y después de que las autoridades estatales designaran a APM Terminals para hacerse cargo temporalmente de las operaciones durante el período de transición.
APM Terminals había expresado anteriormente su disposición a asumir dicha operación, aunque matizó en su momento que «cualquier entrada operativa a la terminal se llevará a cabo en pleno cumplimiento de todos los requisitos legales y procedimientos establecidos por la ley». La compañía añadió que esto «solo puede tener lugar una vez que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Panamá sea firme y vinculante, un calendario que está fuera del control de la compañía».
Poco después de conocerse la designación, PPC inició un proceso de arbitraje contra la República de Panamá, alegando incumplimientos legales y contractuales. La empresa aseguró que continúa gestionando las terminales de Balboa y Cristóbal, pese a los planes estatales de traspasarlas a APM Terminals, y subrayó que el fallo del Tribunal Supremo aún no ha sido publicado oficialmente ni ha entrado en vigor.
En su última actualización, CK Hutchison Holdings informó de que ha planteado formalmente una disputa con el gobierno panameño al amparo de un tratado de protección de inversiones, con el objetivo de salvaguardar sus derechos, e invitó a la celebración de consultas para resolver las acciones estatales que afectan a CKHH y a su filial PPC.
«CKHH considera que una determinación que pretenda declarar inconstitucional la Ley No. 5 es ilegal. Aunque dicha determinación aún no ha sido publicada ni ha entrado en vigor, el Estado panameño ha dado pasos hacia una salida forzosa de PPC y una transición del sector portuario, sin claridad alguna sobre los planes operativos», indicó la compañía. CK Hutchison sostiene que el Estado panameño «continúa presionando hacia una paralización forzosa o una toma de control de las operaciones de PPC, causando mayor perturbación y daño».
La empresa señaló que, en caso de que la publicación del fallo resulte en la terminación de la concesión de PPC, «el resultado inmediato sería hacer imposible la operación por parte de PPC de sus terminales en los puertos de Balboa y Cristóbal». En consecuencia, «la continuidad de las operaciones portuarias depende exclusivamente de las acciones del Tribunal Supremo de Panamá y del Estado panameño, que por supuesto están totalmente fuera del control de CKHH, HPH y PPC».
No obstante, CKHH afirmó que mantiene su compromiso de garantizar que PPC adopte todas las medidas razonablemente disponibles para proteger a los empleados que participan en sus operaciones, evitar interrupciones en la actividad portuaria, salvaguardar los intereses de clientes y proveedores, y facilitar el tránsito de buques y carga a través del Canal de Panamá, «siempre que las acciones del Tribunal Supremo de Panamá y del Estado panameño lo permitan».
La compañía añadió que, junto con la notificación del tratado y el arbitraje presentado por PPC el 3 de febrero de 2026 bajo el contrato de concesión, seguirá consultando con sus asesores legales sobre todos los recursos disponibles, incluidos procedimientos nacionales e internacionales adicionales contra la República de Panamá y cualquier tercero que pudiera estar actuando de manera concertada.