La Junta de Andalucía ha decomisado más de 1.000 kilogramos de productos pesqueros en las instalaciones de Mercasevilla durante una operación de control llevada a cabo a principios de noviembre. La actuación ha sido coordinada por efectivos de la Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), en colaboración con agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
Los productos incautados incluían especies como atún rojo, merluza, salmonetes, lenguados y ostras. En concreto, fueron intervenidos 454 kilogramos de atún rojo, 69 kilogramos de salmonete de fango, 100 kilogramos de Solea solea (lenguado europeo), 168 kilogramos de merluza patagónica y 276 kilogramos de merluza europea, entre otras especies.
Según fuentes de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, los productos pesqueros intervenidos carecían de la documentación obligatoria de trazabilidad que acredite su procedencia, identificación y condiciones de comercialización, tal como exige la normativa vigente. Esta carencia impide garantizar su seguridad alimentaria y constituye una infracción en el marco del control oficial de la cadena alimentaria.
Además, los inspectores detectaron que parte del pescado incautado, especialmente la merluza, no alcanzaba la talla mínima de referencia legal para su captura, lo que supone una infracción adicional por la comercialización de ejemplares inmaduros.
La mercancía intervenida fue precintada y depositada en una cámara habilitada para intervenciones dentro del recinto de Mercasevilla. Actualmente, se encuentra pendiente de la valoración sanitaria por parte del Servicio de Inspección Veterinaria del Servicio Andaluz de Salud, que evaluará su aptitud para el consumo humano. En caso favorable, se prevé su entrega al Banco de Alimentos, conforme a los protocolos establecidos en estos procedimientos.
Esta operación se enmarca en el Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (Paciap), instrumento operativo de la Junta de Andalucía para verificar el cumplimiento de la normativa en materia de pesca y acuicultura, especialmente en los eslabones de la cadena de distribución y comercialización.
Las autoridades recordaron que los hechos descritos pueden ser constitutivos de infracciones graves, conforme a la Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado y al Decreto 345/2011 de la Junta de Andalucía, lo que puede derivar en sanciones económicas y administrativas para los responsables de la actividad.