La Autoridad Portuaria de Ceuta ha puesto en marcha un proceso de renovación y ampliación de su plantilla mediante la convocatoria de ocho plazas de empleo que abarcan distintos niveles y funciones dentro del organismo portuario. Las bases reguladoras de los procesos selectivos, aprobadas mediante resoluciones de la Presidencia fechadas a comienzos de marzo, se han publicado este martes en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) y contemplan la cobertura de cuatro plazas de Policía Portuaria, dos de jefe de servicio de Policía Portuaria, una de responsable de servicio de soporte y una de responsable de Secretaría General.
El eje central de la convocatoria es la selección de cuatro agentes de Policía Portuaria, encuadrados en el Grupo GIII, Banda BII y Nivel N7, cuya incorporación se realizará mediante el sistema de oposición por turno libre. La misión principal de estos agentes será el control y la vigilancia de la zona de servicio del puerto, así como la supervisión de las operaciones marítimas y terrestres relacionadas con el tráfico portuario. Entre sus funciones figuran el control de accesos a las instalaciones, la protección de empleados, pasajeros y mercancías en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la supervisión de la seguridad vial dentro del recinto, la fiscalización de los servicios marítimo-terrestres y el manejo de la maquinaria específica que les sea asignada.
Para acceder a estas plazas se exige como requisito mínimo el título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, además del permiso de conducir de clase B. El proceso de selección se estructura en tres fases eliminatorias. La primera consiste en pruebas de aptitud física que incluyen una carrera de 1.000 metros, una prueba de velocidad de 50 metros lisos y una prueba de natación de 50 metros, para cuya realización es obligatorio presentar un certificado médico oficial. La segunda fase evalúa las competencias técnicas mediante un cuestionario tipo test de 70 preguntas sobre un temario que abarca la Constitución Española, la Ley de Puertos del Estado, el Reglamento de Servicio y Policía del Puerto, normativa de igualdad y prevención de riesgos laborales. La tercera fase mide las competencias genéricas de los aspirantes a través de un test de situaciones laborales hipotéticas en el que se valoran habilidades como la comunicación, la negociación y el trabajo en equipo.
La convocatoria contempla también la contratación de dos jefes de servicio de Policía Portuaria, puestos encuadrados en el Grupo GII, Nivel N8, que se cubrirán mediante concurso-oposición. Estos mandos intermedios tendrán como cometido la coordinación y organización del servicio de Policía Portuaria en su turno o zona geográfica asignada, incluyendo la distribución de puestos, la supervisión del cumplimiento de los reglamentos internos, la elaboración de informes y estudios y la gestión de los recursos humanos y materiales a su cargo. El requisito académico para estas plazas es una titulación de Formación Profesional de Grado Superior. En la fase de concurso se valorará la experiencia profesional previa, con especial consideración de la adquirida en administraciones portuarias, así como la formación complementaria, incluido el conocimiento de idiomas como el inglés o el francés. La fase de oposición comprende un cuestionario de 80 preguntas técnicas y una prueba de competencias genéricas en la que se incorpora la evaluación de la capacidad de liderazgo y gestión de recursos.
Junto a los puestos vinculados a la seguridad portuaria, la Autoridad Portuaria ha incluido en la convocatoria una plaza de responsable de servicio de soporte, adscrita al Grupo GIII, Nivel N7, y una de responsable de Secretaría General, encuadrada en el Grupo GII, Nivel N8. El puesto de servicio de soporte, para el que se requiere el título de ESO, está concebido como un perfil polivalente que abarca funciones de mantenimiento de edificios, conducción de vehículos de la entidad, atención a visitantes y apoyo logístico transversal a los distintos departamentos del organismo. La plaza de responsable de Secretaría General, que exige como titulación mínima la de diplomatura, tiene un carácter más especializado y comprende funciones de colaboración en la defensa jurídica del organismo ante los tribunales, la coordinación de expedientes sancionadores, de contratación y de seguros, y el apoyo jurídico-administrativo a los órganos de gobierno del puerto. El temario de su proceso selectivo abarca materias específicas como la legislación de contratos del sector público, el derecho mercantil y la jurisdicción contencioso-administrativa.
Todas las plazas convocadas se rigen por el III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y las bases garantizan el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso al empleo público, de conformidad con la Constitución Española, el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y el III Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado. Las convocatorias contemplan asimismo la reserva de plazas para personas con discapacidad, siempre que esta sea compatible con las funciones del puesto.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado para presentar sus solicitudes, que deberán tramitarse de forma exclusivamente electrónica a través de la sede de la Autoridad Portuaria (www.puertodeceuta.com) mediante certificado digital. La documentación requerida incluye el modelo oficial de solicitud, el currículum vitae, el informe de vida laboral y las copias auténticas de las titulaciones exigidas. Las bases advierten de que los méritos alegados para la fase de concurso deberán estar debidamente acreditados en la solicitud inicial, ya que no se valorarán aquellos que no figuren en la documentación presentada en plazo.
Para cada proceso selectivo se ha designado un tribunal calificador integrado por profesionales del sector portuario, con respeto al principio de paridad de género en su composición. La duración máxima de los procesos no podrá superar los nueve meses, y las primeras pruebas de la fase de oposición se prevén en torno al mes de junio.