La Fiscalía de Medio Ambiente de Algeciras ha iniciado una investigación tras una denuncia presentada por AGADEN–Ecologistas en Acción, en relación con un vertido de hidrocarburos y materiales contaminantes detectado en la playa Chica y la Isla de las Palomas, en el término municipal de Tarifa. La actuación del Ministerio Fiscal se formalizó mediante la apertura de las Diligencias de Investigación Preprocesal 136/25, mediante Decreto fechado el 29 de octubre de 2025.
Según ha informado la organización ecologista, la denuncia se centra en la posible relación de estos vertidos con el hundimiento de un yate en el interior del puerto de Tarifa. La Isla de las Palomas, área directamente afectada, se encuentra integrada en el Parque Natural del Estrecho y forma parte de la Red Natura 2000, lo que la convierte en un espacio natural de especial protección y alta sensibilidad ecológica.
AGADEN ha expresado públicamente su reconocimiento a la Fiscalía por lo que considera una actuación rápida y rigurosa, y ha valorado positivamente que se contemple la posible comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, conforme a lo previsto en el artículo 325 del Código Penal. Entre las medidas adoptadas figura la orden de prácticas de diligencias de prueba, entre ellas la intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, para esclarecer los hechos y depurar posibles responsabilidades.
La zona afectada, en el entorno del Estrecho de Gibraltar, es un enclave de alta relevancia medioambiental por su papel como corredor migratorio para aves y por la biodiversidad marina que alberga. La Isla de las Palomas es también punto estratégico dentro del parque natural, tanto desde el punto de vista ecológico como geográfico, por situarse en la conexión entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico.
AGADEN–Ecologistas en Acción ha reiterado su disposición a colaborar con la Fiscalía y con los cuerpos de seguridad en todo lo necesario para garantizar la protección de los ecosistemas del Campo de Gibraltar. La organización considera que este tipo de actuaciones judiciales constituyen un modelo de buena práctica institucional en materia de defensa ambiental.
El colectivo recuerda la importancia de actuar con diligencia en espacios naturales protegidos, especialmente en situaciones donde pueden existir indicios de contaminación marina o impactos negativos sobre el medio. En este sentido, ha hecho un llamamiento a las autoridades portuarias y ambientales para que refuercen los mecanismos de control y prevención frente a vertidos accidentales o negligencias en operaciones náuticas y portuarias.
La investigación continúa abierta a la espera de los resultados de las diligencias ordenadas por la Fiscalía.