Las principales asociaciones de transportistas autónomos han expresado su malestar ante la falta de comunicación del Ministerio de Hacienda respecto a la prórroga del régimen de módulos para el ejercicio 2026. A una semana de la fecha límite para que se extienda el actual límite de facturación que permite tributar en dicho régimen, el Ministerio no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre la decisión que adoptará.
La situación afecta directamente a más de 30.000 profesionales del transporte de mercancías por carretera, de un total de aproximadamente 300.000 trabajadores autónomos acogidos a este sistema de tributación en el conjunto de sectores económicos. El límite de facturación anual vigente, establecido en 125.000 euros, fue prorrogado in extremis en diciembre del pasado año mediante decisión del Gobierno.
Las organizaciones representativas del sector señalan que esta indefinición está impidiendo a miles de autónomos planificar su situación tributaria de cara al próximo ejercicio. Si el Gobierno no aprueba una nueva prórroga antes de que finalice el año, los transportistas acogidos a módulos deberían pasar a tributar por otro régimen fiscal a partir de 2026.
Desde hace años, las organizaciones profesionales del transporte por carretera trabajan en la definición de una nueva regulación normativa en el ámbito tributario que atenúe el impacto de la previsible desaparición del régimen de módulos en España. Las propuestas del sector contemplan su sustitución por un sistema fiscal que atienda a la capacidad contributiva real de los autónomos e incluya deducciones derivadas del desarrollo de su actividad. Hasta la fecha, el Gobierno no ha atendido esta petición.
Las asociaciones de transportistas califican la situación actual como un «limbo fiscal» en el que ni se ha fijado un régimen alternativo ni existe confirmación sobre la continuidad de los límites actuales. El colectivo exige al Ministerio de Hacienda la aprobación urgente, antes de que finalice el año, de un Real Decreto-Ley que prorrogue el límite de módulos y garantice los derechos adquiridos por los profesionales del sector.
Las organizaciones advierten del riesgo de conflictividad social en caso de que el colectivo de más de 30.000 transportistas autónomos quede sin cobertura normativa ante la transición entre regímenes fiscales.