El Consejo General de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros (CGAA) ha expresado su preocupación por las disfunciones que está generando la aplicación del Reglamento (CE) nº 1005/2008 contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), tras la modificación de su gestión informática efectiva desde el pasado 10 de enero de 2026.
Según el organismo que representa a los profesionales aduaneros españoles, el modo en que se está implementando el nuevo sistema de control y certificación de las importaciones de productos de la pesca está provocando retrasos generalizados en puertos y aeropuertos, con la consiguiente inmovilización de mercancías, muchas de ellas altamente perecederas. Estas demoras están teniendo un impacto económico directo sobre importadores, operadores logísticos y representantes aduaneros, además de comprometer la eficiencia de la cadena de suministro.
El CGAA precisa que el problema no reside en el objetivo del reglamento, cuyos fines son plenamente compartidos por el sector, sino en su aplicación práctica. La actual carga administrativa resulta excesiva y desproporcionada, con duplicidades documentales, reiteración de información ya disponible para la Administración y una falta de interoperabilidad efectiva entre los sistemas informáticos utilizados. Todo ello genera una situación de inseguridad jurídica para los operadores.
El Consejo General advierte asimismo de que estas deficiencias afectan también a los funcionarios encargados de aplicar la normativa, que se enfrentan a un volumen de trabajo creciente sin disponer de herramientas plenamente operativas ni de bases de datos actualizadas, lo que incrementa el riesgo de retrasos, errores administrativos y disfunciones en el servicio público.
El organismo señala como especialmente preocupante la implantación del sistema CATCH en TRACES NT sin que exista un número suficiente de países terceros autorizados para su uso. Esta circunstancia obliga a duplicar trámites y certificaciones, sin aportar un valor añadido real en la lucha contra la pesca ilegal, y contribuye al colapso operativo de los puntos de entrada en puertos y aeropuertos.
El CGAA alerta de que la acumulación de retrasos, sobrecostes logísticos y pérdidas de mercancías perecederas podría derivar en reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración, al tratarse de daños directamente vinculados al funcionamiento anormal del sistema.
Solicitud de revisión urgente
Por todo ello, el Consejo General solicita una revisión urgente de la aplicación del Reglamento (CE) 1005/2008, con el fin de garantizar la seguridad jurídica, eliminar duplicidades innecesarias, mejorar los sistemas informáticos y dotar a la Administración de los medios técnicos y humanos adecuados.
El CGAA reitera su disposición a colaborar con las autoridades nacionales y europeas para alcanzar un sistema de control eficaz, proporcionado y jurídicamente seguro, e indica que la lucha contra la pesca ilegal es una prioridad compartida, pero no puede llevarse a cabo a costa de paralizar puertos y aeropuertos ni de hacer inviable el comercio legal.