Los responsables de Anesco y de los sindicatos de la estiba esperan recibir en las próximas horas una llamada del Gobierno que confirme lo que ya saben de forma oficiosa, que el martes, a las 16.00 horas, responsables del Ejecutivo van a liderar la reanudación de las negociaciones que permitan avanzar hacia un acuerdo que cierre, de forma definitiva, el conflicto de la estiba.
Tras la sesión plenaria del Congreso que tumbó el Real Decreto Ley de reforma del sector planteado por el Gobierno, Mariano Rajoy tiene, en principio, semanas o como mucho meses para sacar adelante el Decreto Ley de reforma de la estiba. La Comisión Europea situó como fecha límite para activar la multa millonaria, de 134.000 euros por día, el próximo día 24 de marzo, aunque el Consejo Internacional de Estibadores (IDC) habla del retraso de ese plazo hasta verano.
La crisis de la estiba se inició en diciembre de 2014, cuando la justicia europea obligó a liberalizar el sector bajo multa, de 27.000 euros por día, si España no se ajustaba a la normativa comunitaria. Entonces el PP tenía mayoría absoluta y pudo aprobar el Decreto en solitario pero no lo hizo y a eso se sumó un año de Gobierno en funciones, lo que elevó esa primera sanción de los tribunales europeos a casi 23 millones de euros.
Ese dinero, no obstante, no ha sido pagado por el Gobierno y sería perdonado si España se ajusta pronto a la ley que exige la UE. Ese plazo expirará cuando el Tribunal de Luxemburgo sentencie de nuevo contra España, por cometer una irregularidad y no corregirla, lo que provocaría el pago de multas que ascienden a 134.000 euros por día de incumplimiento.
Es necesario, por ello, conseguir cuanto antes el visto bueno de la Cámara Baja. Algo que, tras el debate del pasado jueves en el Congreso de los Diputados, parece inviable sin un acuerdo entre las partes, ya que el PP sólo logró el apoyo insuficiente del PNV y la abstención «in extremis” de Cidadanos, lo que provocó una derrota parlamentaria histórica, que no se veía desde 1979, que obliga al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, a favorecer el acuerdo entre la patronal y los sindicatos para superar cuanto antes el trámite parlamentario.