Puertos del Estado ha celebrado hoy la primera reunión del Observatorio sobre el impacto del European Union Emission Trading System (EU-ETS) en el sistema portuario estatal. Este instrumento permitirá cuantificar, mediante indicadores específicos, los efectos de esta normativa europea en aspectos como la generación de emisiones, la fuga de carbono y la alteración del tráfico portuario.
La iniciativa, que ha sido presentada por el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, ha contado con la participación de entidades especializadas como Shipping Business Consultant (SBC), el Centro de Innovación del Transporte (CENIT) y Nextport, que colaborarán en su desarrollo. Está previsto que los primeros resultados del Observatorio estén disponibles tras el verano.
Durante su intervención, Santana ha subrayado que el objetivo del estudio es «arrojar luz y contribuir con transparencia y con datos a la revisión de la normativa europea en esta materia». Asimismo, ha reiterado la necesidad de un marco global e igualitario para todos los operadores del transporte marítimo.
El Observatorio se centrará en el análisis de tráficos de contenedores, así como de mercancía rodada (ro-ro), en rutas susceptibles de verse afectadas por el EU-ETS. En cuanto a los enclaves portuarios objeto de estudio, se ha incluido a los puertos de la Bahía de Algeciras, Barcelona, Las Palmas y Valencia, por su relevancia en el sistema portuario estatal y su exposición a posibles cambios de rutas vinculados a esta normativa.
Uno de los objetivos centrales del Observatorio será identificar prácticas evasivas que puedan estar desarrollándose ya o que puedan producirse como consecuencia de la aplicación del sistema de comercio de emisiones. También deberá facilitar la toma de decisiones ante la revisión de la directiva europea, aportando datos que permitan definir medidas preventivas o correctivas.
El contexto de esta iniciativa se sitúa en el marco del acuerdo europeo alcanzado en diciembre de 2022 para extender el EU-ETS al transporte marítimo. Desde el 1 de enero de 2024, las navieras están obligadas a adquirir derechos de emisión sobre los gases de efecto invernadero generados, siguiendo el protocolo establecido en el Reglamento UE 2015/757.
Desde el inicio del proceso legislativo y durante su entrada en vigor parcial, España ha mantenido una postura activa en el seno de la Unión Europea, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, advirtiendo de los riesgos que esta normativa podría representar para la competitividad de los puertos europeos. Entre las posibles consecuencias que se están evaluando figuran el desvío de rutas hacia puertos de terceros países no sujetos a esta regulación ambiental, la pérdida de tráficos estratégicos, la deslocalización logística, una menor conectividad marítima y el consiguiente aumento de los costes operativos.
El Observatorio aspira a proporcionar herramientas técnicas y datos objetivos que permitan al Estado español defender los intereses del sistema portuario ante la Comisión Europea, al tiempo que se complementa el análisis que esta última realiza con sus propios medios.