El grupo político Verdes de Europa-Tarifa ha denunciado que, desde julio de 2024, ni la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ni el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han dado respuesta a su solicitud formal sobre la ubicación de la “publicación activa” del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al proyecto contemplado en el punto “Base 9ª” de un concurso convocado por la entidad portuaria. Según argumentan, dicha documentación debería haber sido publicada de forma accesible conforme a la Ley de Transparencia, y sometida a participación pública según las directivas europeas vinculadas a la Red Natura 2000.
Ante la falta de respuesta administrativa, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictó, con fecha 15 de marzo de 2025, una resolución en la que insta a la Autoridad Portuaria a informar, en un plazo máximo de diez días hábiles, sobre el lugar de publicación del Estudio de Impacto Ambiental exigido en la Base 9ª del pliego del citado procedimiento. Verdes de Europa-Tarifa ha recordado que esta obligación forma parte del régimen de “publicación activa”, que exige a las administraciones públicas difundir de manera proactiva información de interés público, con criterios de accesibilidad, veracidad, objetividad y gratuidad, especialmente a través de medios electrónicos.
Rosmarie Hennecke, portavoz del grupo, ha manifestado que las alegaciones presentadas hasta el momento por la presidencia de la Autoridad Portuaria no han atendido la solicitud concreta, y que el Consejo de Transparencia ha tenido que intervenir en más de una ocasión. Según ha explicado, la última contestación remitida por el organismo portuario sigue sin aclarar la ubicación pública del documento ambiental. En ella se indica que “el expediente de concesión de la empresa adjudicataria sometido a información pública incluía en el proyecto básico una separata ambiental, que estuvo en exposición pública junto con el resto del expediente de concesión durante los 20 días hábiles conforme establece el art. 85.3 del TRLPEMM”. Esta información, señalan desde Verdes de Europa-Tarifa, se habría puesto a disposición en la sede física de la Autoridad Portuaria y se podía solicitar por correo electrónico.
Sin embargo, según denuncia este grupo, la Administración no ha remitido copia digital de la separata ambiental, a pesar de los requerimientos realizados y de los mecanismos electrónicos que permiten la divulgación directa de esta clase de documentación. En opinión de la formación política, la omisión vulnera tanto la Ley de Transparencia como el Convenio de Aarhus de 1998, que reconoce el derecho a la información ambiental en plazos razonables, así como los principios recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Verdes de Europa-Tarifa ha subrayado que el acceso a los documentos ambientales y la correcta participación ciudadana son requisitos vinculantes en procedimientos con afección potencial a espacios protegidos como los integrados en la Red Natura 2000. En este sentido, han reiterado la exigencia de que se asuman responsabilidades institucionales ante lo que consideran una actuación opaca por parte de la Autoridad Portuaria y del Ministerio.