El Ayuntamiento y el Puerto de Barcelona han firmado un nuevo protocolo de colaboración con el objetivo de reorganizar la actividad crucerista en la ciudad, introducir medidas de sostenibilidad ambiental y mejorar la convivencia entre la operativa portuaria y el entorno urbano. El acuerdo contempla una inversión público-privada de 185 millones de euros y establece, por primera vez, un límite al crecimiento de esta actividad, fijando en cinco el número máximo de terminales de cruceros en el puerto.
El punto central del nuevo protocolo es la reducción progresiva de terminales, pasando de las siete actuales a cinco. Las terminales A, B y C serán demolidas, y en el lugar de la última se construirá una nueva instalación pública con capacidad para atender hasta 7.000 pasajeros simultáneamente. Esta nueva terminal C estará orientada a cruceros de puerto base y barcos de menor tamaño, en línea con el objetivo de potenciar un modelo de turismo más vinculado a la ciudad y con mayor retorno económico.
Esta transformación conlleva también la rehabilitación de un tramo de 610 metros del muelle Adosado, en el que se ubican actualmente las terminales A y B. La actuación, que contará con una inversión de 50 millones de euros por parte del Puerto de Barcelona, permitirá dotar al espacio de infraestructuras modernas y sostenibles, así como de sistemas OPS (Onshore Power Supply) para el suministro eléctrico a los buques atracados, con el fin de reducir las emisiones durante su estancia en puerto.
La reordenación de las instalaciones se complementará con un plan de movilidad sostenible que incluye tres actuaciones principales: el desdoblamiento del puente Puerta de Europa, con una inversión prevista de 90 millones de euros; la creación de un corredor urbano para transporte público, peatones y ciclistas entre la plaza de las Atarazanas y la Zona Franca, con un presupuesto estimado de 10 millones de euros; y la elaboración de un estudio para evaluar el impacto de la movilidad generada por los cruceros, del que derivará un plan de gestión sostenible de los flujos de pasajeros.
El calendario para la ejecución de las medidas acordadas se extiende hasta el año 2030. Entre las principales fechas destacan la demolición de las actuales terminales a partir de 2026, la puesta en funcionamiento de la nueva terminal C en 2028 y su plena operatividad en 2030, así como la entrada en servicio del nuevo corredor urbano en 2029.
El protocolo reconoce el peso económico del turismo marítimo en la ciudad, pero señala la necesidad de aplicar criterios de ordenación similares a los que ya rigen otros ámbitos turísticos.