El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha expresado su preocupación ante la reciente licitación publicada el pasado 12 de agosto para la gestión de la línea marítima de interés público entre Algeciras y Ceuta. Según la formación localista, los cambios introducidos en los nuevos pliegos podrían afectar a las bonificaciones actualmente aplicadas, con un impacto directo en los costes asumidos por los usuarios frecuentes de esta conexión, especialmente residentes ceutíes.
En un contexto en el que la línea marítima Algeciras-Ceuta cumple un papel esencial en la conectividad y movilidad entre la península y la ciudad autónoma, MDyC ha solicitado formalmente la intervención del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En una carta remitida al ministro Óscar Puente, el partido pide que se garantice el mantenimiento íntegro de las bonificaciones y que se adopten las medidas necesarias para evitar perjuicios económicos a los ciudadanos que utilizan esta ruta, ya sea por razones médicas, laborales o familiares.
La formación política ha mantenido también una reunión con representantes de Comisiones Obreras para analizar el alcance de los nuevos pliegos y coordinar posibles acciones. Ambas partes han coincidido en la necesidad de revisar la licitación antes de que avance el proceso administrativo.
MDyC considera que la conexión marítima con Algeciras es un servicio esencial y estratégico para Ceuta, y ha solicitado la paralización temporal de la licitación hasta que se subsanen, a su juicio, los errores detectados. La formación insiste en que cualquier modificación en el modelo de gestión debe preservar el acceso asequible al transporte marítimo para la ciudadanía, especialmente en un territorio que depende de forma estructural de su enlace con la península.
Actualmente, la línea cuenta con un régimen de servicio público subvencionado que permite aplicar tarifas reducidas a los residentes, bonificaciones que, según MDyC, podrían verse comprometidas si no se aclaran con precisión las condiciones establecidas en la nueva licitación. En este sentido, el partido solicita una revisión técnica del pliego para confirmar que se mantendrán los beneficios actuales, tanto para usuarios particulares como para colectivos que dependen de este servicio de forma regular.
La licitación, abierta por el Ministerio de Transportes, forma parte del sistema de Obligación de Servicio Público (OSP) que regula determinadas conexiones marítimas entre la península y territorios extrapeninsulares. En este caso, el contrato afectará directamente a una de las rutas con mayor volumen de pasajeros en el Estrecho de Gibraltar.