El grupo Verdes de Europa-Tarifa ha manifestado su disconformidad con la Propuesta de Modificación del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios (PUEP) del Puerto Bahía de Algeciras, publicada en marzo de 2024. La formación ha cuestionado la legalidad del procedimiento al considerar que no se ha incluido una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), algo que ya fue motivo de oposición en 2016 por parte de Verdemar Ecologistas en Acción, cuando se tramitó la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) sin cumplir, según denuncian, con dicho requisito legal.
En julio de 2024, tanto Verdemar como la Federación Vecinal (FAPACSA) han vuelto a presentar alegaciones, reiterando la carencia de estudios de impacto y señalando la ausencia de respuesta administrativa hasta la fecha. Para estos colectivos, la tramitación no se ajusta a la normativa medioambiental europea ni al principio de participación pública que debe regir estos procesos.
Desde Verdes de Europa-Tarifa se ha señalado que este tipo de actuaciones carecen de coherencia interna y vulneran principios esenciales recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 103 de la Constitución Española, que establece que la actuación de la administración pública debe regirse por la objetividad y el sometimiento pleno a la ley y al derecho. Consideran que la modificación del PUEP debería haber sido sometida a un procedimiento completo de evaluación ambiental, que garantice el análisis de los posibles efectos sobre el paisaje, el medio marino, los suelos, la biodiversidad y las condiciones de vida de la población local.
Verdes de Europa-Tarifa ha lamentado que la APBA no promueva una planificación portuaria basada en criterios de sostenibilidad y participación pública. También han planteado por qué en otros puertos, como el de Vigo, sí se ha tramitado una Evaluación Ambiental Estratégica para la delimitación de espacios y usos portuarios, mientras que en el caso de Algeciras, afirman, no se ha procedido del mismo modo.
La formación ecologista ha insistido en la necesidad de que la planificación de infraestructuras portuarias contemple no solo criterios logísticos y económicos, sino también el cumplimiento de las leyes ambientales y el respeto a los principios democráticos de transparencia y participación.