La Casa Blanca publicó el pasado 13 de febrero el esperado America's Maritime Action Plan (MAP), un documento de 34 páginas que desarrolla la estrategia del Gobierno estadounidense para revitalizar su industria de construcción naval y su marina mercante. El plan, que da continuidad a la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en abril de 2025 bajo el título «Restoring America's Maritime Dominance», parte de un diagnóstico severo sobre el estado del sector marítimo del país y plantea un amplio abanico de medidas de inversión, incentivos fiscales, reforma regulatoria y protección de la base industrial marítima.
El documento, firmado por el asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, y el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Russell Vought, constata que Estados Unidos construye actualmente menos del 1% de los buques comerciales a nivel mundial. El país cuenta con un total de 66 astilleros, de los cuales solo ocho están activos en construcción naval y 11 disponen de posiciones de construcción. Los 22 restantes con capacidad de dique seco se dedican a reparaciones, y otros 25 realizan exclusivamente trabajos de mantenimiento en superficie.
«Estados Unidos no tiene la capacidad necesaria para escalar su industria de construcción naval al ritmo que requieren las prioridades nacionales», señala el plan en su introducción, donde advierte de que esta situación «plantea problemas significativos de seguridad y dependencia en la cadena de suministro».
El MAP se estructura en torno a cuatro pilares. El primero se centra en la reconstrucción de la capacidad de construcción naval mediante la modernización de astilleros, la creación de incentivos para la inversión privada, el establecimiento de las denominadas Maritime Prosperity Zones —zonas de prosperidad marítima inspiradas en las Opportunity Zones creadas durante el primer mandato de Trump— y el fomento de alianzas internacionales para reducir la dependencia de proveedores considerados poco fiables. El plan menciona que la administración Trump ha asegurado hasta la fecha compromisos de inversión por valor de al menos 150.000 millones de dólares para la industria naval estadounidense a través de acuerdos diplomáticos y comerciales con países aliados, y que el Departamento de Comercio trabaja para movilizar esos fondos.
El segundo pilar aborda la formación y el desarrollo de la fuerza laboral marítima. El plan contempla la modernización de la Academia de la Marina Mercante de Estados Unidos (USMMA), ubicada en Kings Point (Nueva York), cuyo campus arrastra importantes carencias de mantenimiento. También prevé un incremento del 20% en la matriculación de estudiantes y del 30% en el profesorado. Paralelamente, el documento propone ampliar el apoyo a las seis academias marítimas estatales, crear un programa de transición del ámbito militar al marítimo (Military-to-Mariner) y desarrollar incentivos de contratación y retención para marineros, incluida la exención fiscal de los ingresos obtenidos en rutas internacionales.
El tercer pilar se orienta a la protección de la base industrial marítima. Entre las medidas más relevantes figura la creación de un requisito de preferencia marítima estadounidense (U.S. Maritime Preference Requirement), que obligaría a las grandes economías exportadoras a transportar un porcentaje creciente de su carga contenerizada con destino a Estados Unidos en buques cualificados de bandera estadounidense. Asimismo, el plan propone ampliar los requisitos de preferencia de carga para que un porcentaje superior al 50% actual de las mercancías de las agencias civiles del Gobierno federal se transporte en buques de bandera estadounidense.
En este mismo pilar, el MAP introduce la propuesta de un Land Port Maintenance Tax, una tasa del 0,125% sobre el valor de las mercancías que entran en Estados Unidos por puertos terrestres, equivalente a la ya existente Harbor Maintenance Tax aplicada en los puertos marítimos. La administración argumenta que la ausencia de esta tasa en las fronteras terrestres genera un incentivo para que los expedidores desvíen carga a través de puertos vecinos y la introduzcan por carretera, en detrimento de la competitividad de los puertos marítimos estadounidenses.
La medida de financiación más ambiciosa del plan es la propuesta de establecer una tasa universal sobre buques de construcción extranjera que hagan escala en puertos de Estados Unidos. Según los cálculos del documento, una tasa de un centavo por kilogramo de tonelaje importado recaudaría aproximadamente 66.000 millones de dólares en diez años, mientras que una tasa de 25 centavos por kilogramo generaría cerca de 1,5 billones de dólares en el mismo periodo. Los fondos recaudados se destinarían a un nuevo Maritime Security Trust Fund (Fondo Fiduciario de Seguridad Marítima), concebido como mecanismo de financiación estable a largo plazo para todos los programas contemplados en el plan.
El cuarto pilar aborda la seguridad nacional y la resiliencia industrial. El MAP propone la creación de una Flota Comercial Estratégica (Strategic Commercial Fleet) compuesta por buques de construcción estadounidense que operarían en comercio internacional y recibirían apoyo financiero tanto para su construcción como para su operación. Como medida transitoria, el plan contempla abanderar buques de construcción extranjera bajo bandera estadounidense para cubrir las necesidades inmediatas de capacidad.
En materia de seguridad ártica, el documento dedica un extenso apartado a la estrategia para las vías navegables del Ártico, donde propone aumentar la presencia marítima de Estados Unidos, mejorar las capacidades de rompehielos polares, desarrollar infraestructura portuaria en Alaska y Groenlandia, y proteger la explotación de recursos energéticos y minerales en la región.
El plan también aborda la necesidad de actualizar el marco regulatorio para dar cabida a los buques autónomos y los sistemas robóticos, que el documento considera esenciales para el futuro de la industria naval. En este ámbito, se propone designar zonas para pruebas simplificadas de tecnologías autónomas dentro de la zona económica exclusiva de Estados Unidos.
En lo referente a la investigación sobre las prácticas de China en el sector marítimo y de construcción naval —iniciada en 2024 por el Representante de Comercio de Estados Unidos al amparo de la Sección 301—, el documento revela que Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo en octubre de 2025 por el que Pekín se comprometió a retirar sus medidas retaliatorias contra las acciones estadounidenses. Estados Unidos suspendió durante un año, a partir del 10 de noviembre de 2025, la aplicación de las acciones de respuesta, y ambos países mantendrán consultas sobre cuestiones de capacidad de construcción naval.
En el capítulo de desregulación, el MAP enumera una serie de medidas para eliminar normativas obsoletas, simplificar procesos de cumplimiento y armonizar la aplicación de regulaciones entre distintas agencias federales. La Guardia Costera completó 19 acciones desregulatorias durante el ejercicio fiscal 2025 y prepara nuevas medidas para 2026.
El plan ha recibido ya el respaldo de organizaciones clave del sector. La Marine Engineers' Beneficial Association (MEBA) ha señalado que el MAP «ofrece soluciones significativas y a largo plazo para revertir el declive de nuestra flota de bandera estadounidense y de la bolsa de marineros», y ha valorado especialmente la ampliación de los requisitos de preferencia de carga, los incentivos fiscales para marineros y las inversiones en formación y capacidad de astilleros. La administración Trump prevé transmitir al Congreso un paquete legislativo con las propuestas con