El Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), órgano consultivo que representa al tejido empresarial del sector ante la Administración, ha mantenido una reunión de carácter urgente con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para plantear la adopción inmediata de medidas que permitan afrontar el impacto que la escalada del precio de los combustibles está provocando sobre las empresas de transporte de mercancías por carretera. Al encuentro asistieron también el secretario de Estado, José Antonio Santano, la secretaria general, Rocío Bagüena, y el equipo de la Dirección General de Transportes Terrestres.
El CNTC ha situado el origen de la crisis en el conflicto bélico en Irán, que ha desencadenado un incremento acelerado y sostenido del precio de los carburantes en un período de apenas diez días. El comité considera que esta situación está colocando al sector del transporte de mercancías en una posición económica extremadamente difícil y que resulta imprescindible la adopción de instrumentos contundentes e inmediatos para evitar una afectación grave de la cadena de suministro.
Las propuestas trasladadas al ministerio siguen el modelo de las medidas que el Gobierno aprobó en 2022 como respuesta al impacto de la invasión rusa de Ucrania sobre los costes energéticos del transporte. Según ha comunicado el CNTC, el ministro Puente ha asumido el compromiso de analizar las iniciativas planteadas y de elevarlas al Consejo de Ministros previsto para el próximo martes.
El paquete de medidas presentado por el comité se articula en cuatro puntos. En primer lugar, el CNTC solicita una bonificación mínima de 25 céntimos por litro o kilogramo de combustible, aplicable al gasóleo, la gasolina, el gas comprimido y el aditivo AdBlue utilizado en los sistemas de reducción de emisiones de los vehículos diésel. En segundo término, el comité demanda la concesión de ayudas directas a las empresas de transporte de mercancías en función del tipo de vehículo, con un mínimo de 1.500 euros por tractora o camión rígido y de 750 euros por furgoneta.
La tercera propuesta consiste en incrementar en un 10 % la referencia del coste de combustible dentro del índice general de costes del transporte, desglosada por tipología de vehículo: un 40 % para el vehículo pesado de carga general, un 30 % para los vehículos de hasta 16 toneladas y un 20 % para el vehículo ligero. Este índice de costes constituye una herramienta de referencia para las negociaciones entre transportistas y cargadores, y su actualización al alza tendría un efecto directo sobre la capacidad de las empresas de transporte para repercutir el encarecimiento del combustible en los precios de sus servicios.
En cuarto lugar, el CNTC ha instado al Gobierno a investigar las causas del encarecimiento de los carburantes, que el sector considera inusitado tanto por la rapidez con la que se ha producido como por la uniformidad con la que ha afectado al conjunto de las estaciones de servicio, un patrón que, a juicio del comité, requiere una verificación por parte de las autoridades competentes.
Más allá de las medidas solicitadas al Gobierno, el CNTC ha planteado la necesidad de que el conjunto de la cadena de transporte se implique en la búsqueda de soluciones. El comité ha dirigido un llamamiento específico a las empresas cargadoras para que contribuyan de forma leal a paliar una situación que considera compartida, sin hacer prevalecer su posición de superioridad contractual en detrimento de las empresas de transporte. En este sentido, el CNTC ha reclamado el cumplimiento efectivo del Real Decreto-Ley 3/2022, que estableció la obligación de aplicar una fórmula de indexación automática en los contratos de transporte en función de la evolución del precio de los combustibles. La correcta e inmediata aplicación de este mecanismo, sostiene el comité, resulta esencial para que las empresas transportistas puedan trasladar el incremento de sus costes operativos a los precios facturados a los cargadores.
El sector del transporte de mercancías por carretera en España constituye un eslabón crítico de la cadena de suministro nacional. La práctica totalidad de las mercancías que se consumen en el país transitan en algún momento de su recorrido logístico por la red viaria, lo que convierte al transporte por carretera en una actividad esencial para el abastecimiento de la población y el funcionamiento de la actividad económica. El combustible representa la partida de mayor peso en la estructura de costes de las empresas de transporte, por lo que cualquier variación significativa en su precio tiene un impacto directo y difícilmente absorbible sobre la rentabilidad de un sector caracterizado por márgenes estrechos y una elevada atomización empresarial.
El CNTC ha advertido de que, en caso de que las medidas solicitadas no se adopten de forma urgente, existe un riesgo real de paralización de la actividad del transporte, con las consecuencias que ello comportaría para el conjunto de la economía y la sociedad. El sector ya protagonizó una crisis de gran repercusión en marzo de 2022, cuando los paros convocados por una plataforma de transportistas autónomos provocaron problemas de desabastecimiento en diversas partes del territorio nacional y obligaron al Gobierno a aprobar un paquete de medidas de emergencia que incluyó, entre otras ayudas, la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible que posteriormente se generalizó al conjunto de los consumidores.