El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), órgano consultivo de interlocución social entre el sector del transporte por carretera y la Administración, se ha reunido de urgencia para analizar el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado por el Gobierno. La conclusión del comité ha sido contundente: las medidas adoptadas no solo resultan insuficientes, sino que en algunos casos agravan la situación de un sector que, según el propio organismo, se encuentra al límite de su capacidad operativa.
El CNTC ha lanzado un ultimátum al Gobierno con plazo hasta el 27 de marzo. «El mensaje al Gobierno es claro y urgente: sin una rectificación inmediata, y antes del 27 de marzo, la viabilidad del sector está seriamente comprometida», ha afirmado el comité en un comunicado hecho público la tarde de este lunes 23 de marzo. El presidente del CNTC, Javier Arnedo, ha advertido de que «el transporte no puede seguir funcionando a pérdidas» y de que «si las empresas paran, se para el país».
El comité ha subrayado la necesidad urgente de convocar una reunión con los ministros de Transporte, Economía y Hacienda para avanzar de manera inmediata en un segundo paquete de medidas que corrija las deficiencias del actual y garantice la viabilidad del sector. El CNTC se ha mostrado «profundamente decepcionado y desconcertado», al considerar que lo trasladado en las reuniones mantenidas la semana pasada con el ministro de Transporte «dista considerablemente de la realidad de las medidas finalmente adoptadas».
En lo que respecta a la bonificación anunciada de 20 céntimos por litro de combustible, el CNTC denuncia que en la práctica la ayuda efectiva se reduce a apenas 15 céntimos por litro, al descontarse los cinco céntimos correspondientes al gasóleo profesional, cuya figura ha sido eliminada por el decreto-ley. Además, el comité señala que el Gobierno no ha garantizado que este descuento se traslade íntegramente al transportista ni que quede fuera de los mecanismos de indexación del combustible, lo que, en su opinión, podría derivar en una situación paradójica de bajada forzada de tarifas en plena escalada de costes.
Por ello, los transportistas han insistido en la necesidad de mantener de forma estructural la figura del gasóleo profesional más allá de la coyuntura actual y en la implantación urgente de una cláusula de indexación que permita ajustar el peso porcentual del combustible en los costes de explotación de una empresa de transporte en función del precio del litro de gasóleo, con revisiones de precios de carácter diario o, como mínimo, semanal, para evitar que el transportista asuma en solitario las fluctuaciones bruscas del mercado energético.
Según los cálculos del CNTC, desde el inicio del conflicto y el cierre del estrecho de Ormuz, cada camión está soportando un sobrecoste medio cercano a los 600 euros semanales en combustible, lo que supone un sobrecoste acumulado para el conjunto del sector de casi 450 millones de euros. Esta cifra, según el comité, está siendo asumida íntegramente por el propio transportista ante la falta de mecanismos de actualización inmediata de precios, por lo que considera imprescindible una ayuda directa que compense las pérdidas acumuladas desde el inicio del conflicto.
El CNTC se ha mostrado también crítico con las limitaciones del régimen de mínimis aplicable a las ayudas, al considerar que estas restricciones impiden que las empresas de un determinado tamaño puedan acceder a un apoyo proporcional al incremento real de sus costes, lo que reduce drásticamente la eficacia de cualquier medida.
Además de dirigirse al Gobierno, el comité ha lanzado mensajes a otros actores de la cadena logística. A las empresas cargadoras les ha hecho un llamamiento directo para que apliquen correctamente y con rapidez la cláusula del gasóleo, adaptándola a los costes reales, y les ha recordado que la Ley de la Cadena de Transporte, aprobada en 2022, prohíbe de forma explícita operar por debajo de costes.
Hacia las compañías petroleras, el tono del CNTC ha sido especialmente contundente. El comité ha lanzado «un aviso firme» a estas compañías, a las que acusa de aplicar subidas inmediatas del precio del combustible cuando el petróleo aumenta, pero retrasar de manera injustificada cualquier reducción cuando este baja. El CNTC exige al Gobierno que supervise de forma estricta estas prácticas e imponga sanciones si es necesario «para evitar que los transportistas sigan cargando con sobrecostes abusivos derivados de un mercado desequilibrado e injusto».
De prolongarse la situación sin rectificación, el CNTC advierte de que España podría enfrentarse a un escenario real de interrupciones en la cadena logística, con graves tensiones en el suministro de bienes esenciales derivadas de la paralización progresiva de empresas incapaces de sostener su actividad con márgenes negativos. El comité no descarta posibles movilizaciones y protestas masivas ante el descontento generalizado de transportistas autónomos y empresas que ven peligrar su supervivencia.