CK Hutchison mantiene en curso las conversaciones para la venta de su negocio portuario internacional a un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Company (MSC), pese al conflicto abierto en Panamá por la anulación de la concesión de Panama Ports Company (PPC) y la posterior toma de control estatal de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Así lo trasladó el director financiero del grupo, codirector general y consejero ejecutivo, Frank Sixt, durante la presentación de resultados celebrada el 23 de marzo, en la que aseguró que la situación panameña no ha alterado de forma material las negociaciones sobre la operación de mayor alcance anunciada en marzo de 2025.
La transacción, valorada en 22.800 millones de dólares, incluye 43 terminales de contenedores situadas fuera de China y Hong Kong. Los activos se distribuyen en distintos mercados, desde Australia hasta Emiratos Árabes Unidos. Según datos de Drewry citados por la compañía, estas instalaciones sumaban a cierre de 2023 una capacidad conjunta superior a 73 millones de TEU y un tráfico total cercano a 47 millones de TEU.
El frente más delicado de la operación se sitúa en Panamá. En febrero de 2026, el Gobierno panameño anuló la concesión de PPC, filial de CK Hutchison, para la explotación de los puertos de Balboa y Cristóbal y asumió el control de ambas instalaciones. La compañía respondió con acciones legales y un arbitraje internacional en el que reclama al menos 2.000 millones de dólares por daños y perjuicios, al considerar que la actuación estatal vulneró derechos contractuales, legales y de protección a la inversión.
Durante su intervención, Sixt señaló que estos acontecimientos no han modificado de manera sustancial el diálogo con las contrapartes de la operación global. El directivo evitó pronunciarse sobre posibles cambios en la estructura del acuerdo, en un contexto en el que han circulado informaciones no confirmadas sobre la posibilidad de que BlackRock y MSC estudien dejar fuera de la compraventa los puertos panameños.
Balboa y Cristóbal formaban parte del perímetro inicial del acuerdo anunciado hace un año. Sin embargo, la intervención del Gobierno de Panamá y el litigio posterior han abierto un escenario de incertidumbre sobre el encaje final de ambos activos en la operación. De momento, las dos terminales están siendo gestionadas bajo concesiones temporales por APM Terminals y Terminal Investment Limited (TiL), brazo inversor en terminales de MSC.
La evolución de la negociación también ha estado condicionada por factores geopolíticos. El periodo de exclusividad entre CK Hutchison y el consorcio comprador expiró en julio de 2025 sin que la operación se cerrara. A partir de entonces, las conversaciones incorporaron a COSCO Shipping Corporation con el objetivo de obtener el visto bueno de Pekín. La participación de COSCO respondía a la necesidad de dar encaje político a una desinversión de gran escala por parte del conglomerado hongkonés en un negocio especialmente sensible para China.
En paralelo, la crisis panameña ha elevado la tensión en ese frente. En las últimas semanas, COSCO Shipping Lines suspendió escalas en el puerto de Balboa, una decisión interpretada en el sector como una respuesta de China tras la anulación de la concesión de PPC. Aunque no se ha vinculado oficialmente esa medida con el proceso de venta, el movimiento ha añadido presión sobre un expediente ya condicionado por intereses comerciales, regulatorios y diplomáticos.
Pese a ello, CK Hutchison sostiene que el retraso no está deteriorando el valor de los activos incluidos en la operación. Frank Sixt señaló que el negocio no ha empeorado durante este tiempo y que, por el contrario, su evolución operativa ha sido mejor a lo largo de 2025. Esa lectura explica que el grupo no se considere forzado a acelerar el cierre de la transacción y se muestre dispuesto a conservar los activos durante más tiempo si las condiciones no son las adecuadas.
Esa posición otorga margen negociador a la compañía en una fase en la que persisten varios elementos abiertos. Entre ellos figuran el futuro de los activos panameños, el papel definitivo de COSCO en la estructura del acuerdo y las condiciones necesarias para completar una venta de alcance global que afecta a terminales con un peso relevante en distintas cadenas logísticas.
Al mismo tiempo, el conflicto con Panamá ha subido de tono en los últimos días. PPC acusó al Gobierno de no haber cumplido un plazo clave dentro del procedimiento arbitral y de carecer de representación legal adecuada. El presidente panameño, José Raúl Mulino, rechazó esas afirmaciones y sostuvo que el Estado sí dispone de asesoramiento jurídico internacional. Además, acusó a la compañía de obstaculizar el proceso y de retener información.
Este cruce de acusaciones añade complejidad a un arbitraje que puede tener consecuencias económicas y reputacionales para ambas partes. Para CK Hutchison, el contencioso afecta a dos terminales situadas en un enclave estratégico para el comercio marítimo internacional. Para Panamá, la disputa se produce en medio de un debate más amplio sobre el control de infraestructuras consideradas críticas.
Mientras tanto, la operación de venta de la red internacional de terminales sigue abierta. Las declaraciones de Sixt apuntan a que, pese al ruido político y legal generado en torno a Panamá, CK Hutchison mantiene activa la negociación con MSC y BlackRock y no aprecia por ahora un impacto determinante sobre el conjunto de la transacción.