La Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz ha celebrado su Asamblea General Ordinaria, en la que se han aprobado la memoria de actividades de 2025, la liquidación de cuentas del ejercicio anterior y el presupuesto para 2026, además del informe de presidencia.
Durante la sesión, el presidente de la CEC, José Andrés Santos, ha subrayado que la provincia de Cádiz “no es una promesa de futuro, sino una potencia económica real”, destacando la diversidad de su tejido productivo, que integra industria, logística, sector primario, turismo y servicios.
En el marco del próximo ciclo electoral andaluz, con comicios previstos para el 17 de mayo, la organización ha presentado un decálogo de prioridades empresariales que trasladará a los distintos partidos políticos. Entre ellas figuran la defensa de la iniciativa privada, la simplificación administrativa, el refuerzo del diálogo social y la mejora de la conexión entre formación y mercado laboral.
Uno de los ejes centrales del discurso ha sido el déficit de infraestructuras, considerado por la patronal como el principal obstáculo para el desarrollo económico de la provincia. En este sentido, la CEC ha reclamado un gran pacto institucional que permita coordinar administraciones y priorizar proyectos estratégicos.
Durante la asamblea también se han abordado problemas estructurales como el aumento del absentismo laboral y la complejidad normativa que afecta a las empresas, especialmente a las pymes. Asimismo, se ha destacado la labor del área jurídico-laboral de la organización y los avances en negociación colectiva en sectores clave.
El acto ha contado con la participación de la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel, quien ha defendido el papel de las organizaciones empresariales en el diálogo social y la necesidad de reforzar la competitividad de las pymes.