El Acuerdo Interino de Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur entra en vigor de forma provisional este 1 de mayo, marcando un hito en la política comercial europea con efectos inmediatos para empresas, trabajadores y consumidores.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado que el acuerdo permitirá reducir aranceles desde el primer día y abrir nuevas oportunidades de mercado, reforzando la competitividad y el posicionamiento estratégico de Europa. En paralelo, participará junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un encuentro con los líderes del bloque sudamericano.
Por su parte, el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, ha subrayado que el objetivo ahora es garantizar que el acuerdo se traduzca en beneficios reales, especialmente para las pymes, mediante acciones de información y acompañamiento.
El pacto contempla la eliminación progresiva de aranceles sobre más del 91% de las exportaciones europeas hacia el Mercosur, facilitando el acceso a un mercado de más de 700 millones de consumidores. Desde su entrada en vigor, se reducen o eliminan tarifas en sectores clave como automoción, farmacéutico, vino, bebidas espirituosas y aceite de oliva.
El sector agroalimentario europeo también se verá beneficiado, con una previsión de aumento del 50% en las exportaciones a la región. Además, 344 indicaciones geográficas —entre ellas productos como «Parmigiano Reggiano» o «Bordeaux»— quedarán protegidas frente a imitaciones.
El acuerdo incluye asimismo la eliminación de barreras no arancelarias, la simplificación de normas técnicas y la apertura de mercados de contratación pública, lo que permitirá a empresas europeas competir en igualdad de condiciones en licitaciones del Mercosur.
También se prevén ventajas para el sector servicios —incluyendo finanzas, tecnologías de la información y transporte— gracias a normas más claras y menos restrictivas. En conjunto, se estima que las exportaciones de la UE hacia el Mercosur podrían aumentar un 39% de aquí a 2040, alcanzando los 50.000 millones de euros anuales.
La aplicación provisional responde a la decisión del Consejo de la UE adoptada en enero, tras la primera ratificación por un país del Mercosur, y marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones comerciales entre ambos bloques.