La Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC) ha organizado la mesa redonda “Ideas para la contribución al desarrollo de la industria de defensa”, centrada en el análisis del impacto económico y social del gasto público en defensa en territorios con presencia relevante de instalaciones militares e industria vinculada, como la provincia gaditana. La jornada se ha celebrado en el marco del programa DipuInnova 2025, impulsado por la Diputación de Cádiz.
El encuentro ha contado con la participación de expertos del ámbito universitario, económico y estratégico, con el objetivo de plantear propuestas que permitan optimizar la inversión pública en defensa como herramienta de desarrollo económico, creación de empleo cualificado y fortalecimiento de la autonomía tecnológica del país.
Durante la sesión, el profesor José Balibrea Iniesta, de la Universidad Politécnica de Madrid, ha expuesto las principales conclusiones del estudio académico que ha servido de base a la jornada, realizado por investigadores de la Universidad Politécnica y la Universidad Complutense. Según este trabajo, aproximadamente el 27% del gasto en defensa ejecutado por España se realiza en el extranjero, lo que ha supuesto una pérdida estimada de más de 8.400 empleos anuales, 560 millones de euros en PIB y 181 millones en ingresos fiscales para el país.
Balibrea ha señalado dos causas principales para esta situación: por un lado, la falta de capacidades tecnológicas propias, y por otro, las limitaciones normativas y presupuestarias que afectan al proceso de contratación pública y ejecución del gasto en el sector defensa.
El catedrático de Economía Aplicada Antonio Sánchez Soliño, coautor del informe, ha defendido la necesidad de dotar al país de una ley de financiación de la defensa que proporcione estabilidad a medio y largo plazo. Según ha explicado, una legislación de este tipo permitiría a las empresas del sector planificar inversiones en I+D, con el fin de incrementar el retorno industrial y tecnológico derivado del aumento previsto en el gasto en defensa, que podría alcanzar el 3,5% del PIB en los próximos años.
Entre las propuestas expuestas durante el debate, se ha planteado el uso de organismos autónomos vinculados al Ministerio de Defensa para canalizar de forma más eficaz las inversiones públicas. Esta fórmula, ya aplicada en otros departamentos ministeriales como Transportes o Ciencia, permite ejecutar entre el 65% y el 90% de sus presupuestos con mayor flexibilidad administrativa.
El analista en geoestrategia y coronel en la reserva Carlos Calvo González-Regueral ha planteado la conveniencia de una estrategia industrial de defensa alineada con las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas y con el potencial productivo nacional. En su intervención, ha señalado que el desarrollo de esta industria no solo debe atender a criterios de seguridad nacional, sino también a la soberanía tecnológica, la cohesión territorial y la creación de empleo de calidad en regiones con tradición en el sector.
Durante la clausura del acto, el presidente de la CEC, José Andrés Santos Cordero, ha recordado la vinculación histórica de la provincia de Cádiz con la Armada Española, así como su capacidad industrial en sectores como la construcción naval, la ingeniería y la logística. En este contexto, ha considerado que Cádiz se encuentra en una posición adecuada para liderar iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de la industria nacional de defensa.
La jornada ha permitido identificar propuestas orientadas a mejorar el retorno económico de la inversión pública en defensa, prestando especial atención al efecto que puede tener una mayor estabilidad presupuestaria en zonas como la Bahía de Cádiz, donde la industria vinculada al ámbito militar representa una fuente clave de empleo y actividad económica.