La Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO) ha reiterado su compromiso con los objetivos del Clean Industrial Deal (CID), que será debatido en sesión plenaria del Parlamento Europeo el próximo 18 de junio. Los gestores portuarios consideran que la propuesta de la Comisión Europea, presentada en febrero, supone una oportunidad para alinear la descarbonización de la industria con el mantenimiento de la competitividad europea. Sin embargo, han advertido que su aplicación requiere resolver carencias estructurales que afectan directamente a los puertos.
En un documento de posición publicado esta semana, la ESPO ha subrayado que los puertos europeos están preparados para asumir un papel activo en la transformación industrial, pero insisten en que esta implicación debe ir acompañada de un marco regulador y financiero que facilite su desarrollo. La organización ha acogido con satisfacción la Resolución del Comité de Industria, Investigación y Energía (ITRE) adoptada el pasado 3 de junio, que incorpora muchas de sus preocupaciones, como la necesidad de acelerar los procesos de autorización y mejorar el acceso a infraestructuras energéticas.
Entre los principales obstáculos identificados, la ESPO ha situado la escasez de espacio disponible en los recintos portuarios. Las nuevas energías —como el hidrógeno o los combustibles renovables— requieren mayores superficies para su almacenamiento, conversión y distribución, en comparación con los combustibles fósiles. Esta demanda adicional de terreno se ve agravada por la creciente implantación de parques eólicos marinos, cuya construcción y mantenimiento también necesita instalaciones portuarias de gran envergadura.
Por otro lado, los procedimientos de autorización continúan siendo largos, complejos y poco previsibles, lo que ralentiza o incluso bloquea proyectos clave para la transición energética. En este sentido, la ESPO ha propuesto que las zonas portuarias sean reconocidas como “valles de aceleración neta cero” al amparo del Reglamento sobre la Industria Cero Neto. Esta clasificación permitiría aplicar procedimientos más ágiles, con ventanillas únicas y criterios de interés público prioritario.
Asimismo, la organización ha alertado sobre la insuficiencia de capacidad en la red eléctrica para atender las nuevas necesidades energéticas del entorno portuario. En puertos como Róterdam, Valencia o Cartagena, se prevén aumentos drásticos en la demanda de electricidad de aquí a 2030, tanto para el suministro eléctrico a buques como para la producción y consumo de hidrógeno y e-combustibles. La congestión actual de las redes nacionales está impidiendo, en algunos casos, la operatividad de infraestructuras ya existentes. Por ello, la ESPO ha solicitado que los puertos tengan prioridad de acceso a la red y que los planes de inversión de los operadores eléctricos contemplen mecanismos de inversión anticipada y mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades emergentes.
La organización también ha pedido una mejor alineación entre las políticas portuarias y energéticas, así como una dotación financiera adecuada para que los puertos puedan acometer los proyectos necesarios. Según estimaciones recogidas en el Estudio de Inversiones Portuarias de 2024, el sistema portuario europeo requerirá al menos 80.000 millones de euros en la próxima década para adecuar su infraestructura a los retos del nuevo modelo industrial y energético. La ESPO ha defendido que este esfuerzo inversor, clave para garantizar la resiliencia y autonomía estratégica de Europa, debe contar con apoyo público, especialmente en el caso de proyectos con largo retorno y alto nivel de riesgo.
Con vistas al debate parlamentario del 18 de junio, la ESPO ha instado a que se reconozca el papel estratégico de los puertos no solo como nodos logísticos, sino también como plataformas industriales, energéticas y tecnológicas. A juicio de la organización, solo con un enfoque integrador que atienda sus necesidades reales será posible materializar los objetivos del Clean Industrial Deal.