Verdemar Ecologistas en Acción ha interpuesto una querella para ejercer la acusación popular en el procedimiento que investiga posibles delitos medioambientales relacionados con el traslado de materiales desde la cantera del Torcal de la Utrera, en Casares (Málaga), hasta el litoral de Gibraltar. Las actuaciones judiciales, actualmente en fase de Diligencias Previas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de La Línea de la Concepción, derivan de la Diligencia de Investigación Preprocesal 149/2024 abierta por la Fiscalía de Área de Algeciras, Sección de Medio Ambiente y Urbanismo.
El caso se centra en el vertido de escollera y otros materiales en la Zona Especial de Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental, espacio natural protegido incluido en la Red Natura 2000 mediante el Real Decreto 1620/2012, de 30 de noviembre. Este enclave, catalogado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC ES6120032), forma parte de la región biogeográfica mediterránea y cuenta con medidas de conservación específicas que podrían haberse visto vulneradas por las actuaciones objeto de investigación.
Según ha manifestado la organización ecologista, el material rocoso procede de la cantera ubicada en el término municipal de Casares y habría sido destinado a las obras de ampliación del proyecto urbanístico conocido como Eastside, que promueve el grupo empresarial The TNG Global Foundation en la costa este de Gibraltar. Las piedras estarían siendo empleadas para ganar terreno al mar mediante rellenos que, presuntamente, afectan a la integridad ecológica del espacio protegido marino y litoral.
Verdemar ha considerado que el momento procesal actual es adecuado para formalizar su personación, a pesar de no conocer íntegramente el contenido del sumario. Según ha argumentado la entidad, la información pública disponible permite inferir una dimensión de relevancia nacional, dada la posible afección al medio ambiente marino, al dominio público marítimo-terrestre y al interés general de los ciudadanos.
Asimismo, la organización ha solicitado que se revise la fianza de 10.000 euros exigida por el juzgado para su participación como acusación popular. Verdemar ha considerado esta cantidad como desproporcionada, teniendo en cuenta el carácter no lucrativo de la entidad y su actuación en defensa de intereses colectivos. Ha recordado que existen precedentes judiciales en los que se ha reducido significativamente o incluso eximido del pago de fianza a organizaciones ambientales en casos similares.
Las diligencias judiciales siguen su curso y se centran en esclarecer si el transporte y vertido de materiales en el entorno del Estrecho Oriental constituyen infracciones del marco legal de protección ambiental, en particular del mencionado Real Decreto 1620/2012 y otras normas derivadas de la Directiva Hábitats.