La Organización de Productores Pesqueros Artesanales Lonja de Conil (OPP72) ha alertado de una reducción constante en las posibilidades de pesca para su flota, que opera en el Golfo de Cádiz. Esta situación, que amenaza la viabilidad económica del sector, se refleja en los datos oficiales de la lonja conileña correspondientes al mes de junio de los últimos cuatro años. En ese periodo, el volumen de pescado subastado ha pasado de 64.515 kilos en 2022 a 32.193 kilos en 2025, lo que representa una disminución del 50,1 % en solo tres años.
La entidad ha vinculado este descenso a causas estructurales que afectan directamente a los caladeros. Entre ellas, la presencia permanente de una comunidad de atún rojo en el entorno del Estrecho, el avance del alga invasora Rugulopteryx okamurae y los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas marinos. Estos factores han alterado el comportamiento y la disponibilidad de especies tradicionales en la zona, como la caballa, el boquerón o el jurel, claves para la economía de la flota artesanal.
La OPP72 ha reiterado además su rechazo al actual modelo de reparto de la cuota de atún rojo, del que la flota artesanal del Golfo de Cádiz continúa excluida. A pesar de operar en zonas donde el túnido está presente de forma habitual, los barcos de esta organización carecen de autorización para capturarlo, lo que les impide acceder a un recurso de alto valor comercial. La organización ha subrayado que esta situación no responde a una falta de capacidad o cumplimiento normativo, sino a criterios de distribución considerados poco equitativos.
Desde la entidad han recordado que la pesca artesanal en Conil se realiza con artes selectivas, esfuerzo limitado y un fuerte arraigo territorial. En este sentido, reclaman que cualquier modelo de gestión pesquera debe incorporar de manera equilibrada los pilares económico, social y ambiental de la sostenibilidad. «No se puede hablar de sostenibilidad si se deja atrás a quienes faenan de forma artesanal y responsable», ha manifestado la organización en un comunicado.
La OPP72 ha solicitado a las Administraciones competentes, tanto a nivel estatal como autonómico, una revisión de los criterios de asignación de cuotas y un reconocimiento efectivo del papel que juega la pesca artesanal en la conservación de los recursos y el mantenimiento del tejido socioeconómico local. La exclusión del reparto del atún rojo, unido a las restricciones derivadas de la evolución de las poblaciones pesqueras, está generando un escenario que pone en riesgo la continuidad de muchas unidades familiares dedicadas a la actividad.
El sector ha advertido también sobre la dificultad de atraer relevo generacional en un contexto de rentabilidad decreciente y limitada seguridad jurídica. La flota artesanal de Conil, integrada por embarcaciones de pequeño porte, emplea a decenas de trabajadores de manera directa y a numerosos profesionales en actividades conexas, como la comercialización, la transformación o el mantenimiento naval.