Las federaciones nacionales de transportistas FENADISMER y FETRANSA han solicitado al Gobierno la corrección de una de las consecuencias derivadas de la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos, en vigor desde 2023, que está afectando especialmente al colectivo del transporte por carretera. Ambas organizaciones reclaman que, con ocasión de la primera revisión trienal del nuevo sistema —prevista para este año 2025— se modifique la situación de quienes optaron por mantener su base de cotización anterior al nuevo modelo, una posibilidad contemplada por la propia norma.
Según han denunciado, el mantenimiento voluntario de la base previa ha derivado en una “congelación de facto” de estas cotizaciones, ya que no se les aplica la actualización anual conforme al índice de precios al consumo (IPC). Esta circunstancia, que no fue advertida en su momento a los autónomos que eligieron esta opción, puede provocar una pérdida de poder adquisitivo de las futuras prestaciones, estimada en más del 30% durante los nueve años del periodo transitorio establecido por la reforma.
La modificación del régimen de cotización, aprobada en 2023, introdujo un sistema progresivo de quince tramos en función de los rendimientos netos del autónomo. Este modelo transitorio se desplegará entre 2023 y 2032, plazo durante el cual se han previsto evaluaciones periódicas cada tres años. Es en este contexto que FENADISMER y FETRANSA han intensificado sus contactos con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como con los distintos grupos parlamentarios, para plantear una solución antes de que finalice el año.
Ambas organizaciones consideran “inadmisible” que los autónomos que realizaron en su día un esfuerzo por cotizar por bases más elevadas —con el objetivo de garantizar mejores coberturas sociales— vean ahora sus derechos reducidos, especialmente aquellos de mayor edad que planificaron su jubilación en base al sistema anterior. Las federaciones insisten en que no se trata de una demanda corporativa, sino de una corrección necesaria para garantizar la equidad del sistema, evitar la precarización de los derechos sociales y respetar las decisiones de quienes apostaron por una cotización superior en su etapa activa.
Los cálculos de FENADISMER y FETRANSA apuntan a que esta situación afecta directamente a unos 50.000 autónomos del sector del transporte por carretera, a los que habría que añadir miles de trabajadores por cuenta propia en otros sectores económicos. En todos los casos, el efecto de la congelación sin actualización podría comprometer de forma significativa las prestaciones por jubilación, invalidez o viudedad a las que tengan derecho en el futuro.
Por ello, ambas entidades han instado al Gobierno a introducir las modificaciones necesarias en la revisión que debe aprobarse este año, garantizando que las bases de cotización voluntariamente mantenidas se actualicen anualmente conforme a la inflación, así como el mantenimiento de este régimen excepcional durante todo el periodo transitorio. Las federaciones han advertido que de no corregirse este aspecto, se estaría penalizando a uno de los colectivos más vulnerables y comprometidos del sistema, en contradicción con los principios que inspiraron la propia reforma.