La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha presentado el nuevo Plan de Gestión frente al alga exótica Rugulopteryx okamurae, una especie invasora que ha colonizado buena parte del litoral andaluz desde su detección en el Estrecho de Gibraltar en 2015. El plan, aprobado en el último Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, establece las bases técnicas, normativas y operativas para la retirada, tratamiento y posible valorización de la biomasa acumulada en las costas, con el objetivo de mitigar su impacto ambiental, económico y social.
El delegado territorial en Cádiz, Óscar Curtido, ha calificado el documento como un referente a nivel nacional, y ha instado al conjunto de administraciones públicas, con especial mención al Gobierno de España, a coordinar esfuerzos para abordar un problema que afecta directamente a la biodiversidad marina, las actividades pesqueras, el turismo costero y las finanzas municipales. Durante su intervención, Curtido ha reiterado el respaldo del Gobierno andaluz a los municipios afectados, subrayando que “desde el primer momento hemos sido conscientes de la magnitud del problema y hemos trabajado codo con codo con los ayuntamientos y el sector pesquero”.
El Plan de Gestión contempla cuatro líneas estratégicas: investigación e innovación para conocer mejor la biología y comportamiento de la especie; seguimiento y cartografía de su distribución; acciones de comunicación y sensibilización ciudadana; y, finalmente, el diseño de protocolos para la retirada segura y el aprovechamiento de la biomasa. Esta última línea representa uno de los principales avances del documento, ya que abre la puerta a la comercialización del alga inactivada, algo que hasta ahora se encontraba bloqueado por la normativa estatal.
Desde la aparición del alga en Ceuta y su posterior proliferación en las costas de Tarifa, Algeciras, Málaga, Granada y Almería, Rugulopteryx okamurae ha demostrado una gran capacidad de colonización, generando coberturas de hasta el 100% en algunos fondos rocosos de entre 0 y 20 metros de profundidad. Los estudios recogidos en el plan indican que la especie presenta mecanismos de propagación vegetativa muy eficaces, mediante monosporas y propágulos que permiten la creación de nuevos individuos a partir de fragmentos del talo. Esta característica, unida al tráfico marítimo y las corrientes, ha favorecido su expansión por todo el litoral oriental hasta Cabo de Gata.
El documento reconoce que la erradicación total es inviable, por lo que plantea una estrategia orientada a la contención, reducción de impactos y posible aprovechamiento productivo de los arribazones. Entre las aplicaciones en estudio se encuentran su uso como fertilizante agrícola o materia prima en procesos industriales, siempre que la biomasa haya sido previamente inactivada mediante tratamiento térmico, solar o químico. El plan incluye protocolos detallados sobre cómo debe realizarse esta inactivación, bajo supervisión administrativa, para asegurar que no existan riesgos de reintroducción en el medio natural.
Además, se establece que los ayuntamientos podrán suscribir convenios con empresas o entidades colaboradoras interesadas en recoger, tratar y valorizar el alga, lo que aliviará la carga logística y económica de los municipios. Hasta ahora, los consistorios asumían de forma exclusiva los costes de retirada, sin posibilidad legal de darle un uso autorizado. El nuevo marco regulatorio ofrece seguridad jurídica para articular estas colaboraciones y da respuesta a una demanda reiterada por parte de los municipios litorales desde hace años.
El Plan de Gestión, que ya se encuentra disponible para su consulta pública, será un documento vivo que se actualizará con las aportaciones de entidades locales, empresas y comunidad científica. Tanto Óscar Curtido como Juan Antonio Martín, jefe del Servicio de Geodiversidad de la Consejería, han animado a los sectores implicados a participar activamente en el proceso, contribuyendo con propuestas que permitan mejorar la eficacia y alcance del plan.
Desde la Junta se ha insistido en que la solución definitiva al problema de Rugulopteryx okamurae solo será posible mediante una estrategia conjunta entre administraciones y con el respaldo técnico, económico y normativo del Gobierno central. Mientras tanto, el nuevo documento representa un paso clave para avanzar hacia una gestión sostenible del litoral afectado y explorar las posibilidades que ofrece esta especie en el marco de la economía circular.