El Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz ha aprobado las condiciones de la Oferta Pública para la enajenación de tres parcelas industriales ubicadas en el sector conocido como suelo vacante de Astilleros PERI UE-7.1, en el Bajo de La Cabezuela, en el término municipal de Puerto Real.
Las parcelas, que ya se encuentran urbanizadas y disponibles para uso inmediato, cuentan con superficies de 464, 472 y 727 metros cuadrados. La edificabilidad asignada para estos espacios asciende a 495,45 m², 506,25 m² y 506,25 m² respectivamente, lo que, según el Consorcio, permite su adaptación a distintos proyectos empresariales vinculados a la actividad logística o industrial.
La Zona Franca ha enmarcado esta operación dentro de su estrategia de dinamización del suelo productivo en enclaves clave del entorno portuario. La ubicación de estas parcelas en el polígono industrial de La Cabezuela, uno de los principales focos de actividad económica de la Bahía de Cádiz, coincide con un contexto de escasez de suelo disponible y creciente demanda por parte de operadores privados.
En los últimos meses, la presión sobre el suelo industrial en esta zona se ha intensificado, según fuentes institucionales, como consecuencia de las expectativas generadas en torno a la futura llegada del tren a La Cabezuela. Esta infraestructura, que conectará directamente el entorno portuario con la red ferroviaria nacional, ha incrementado el interés de empresas vinculadas a la logística y la distribución, que valoran la proximidad a los muelles para optimizar sus operaciones.
Con esta Oferta Pública, la Zona Franca de Cádiz busca atraer inversión privada que contribuya a consolidar actividad económica en el entorno. La superficie de las parcelas, de tamaño medio, ha sido concebida para facilitar la implantación de pequeñas y medianas empresas con vocación de establecerse de forma estable.
Estos terrenos forman parte del paquete de activos que el Ayuntamiento de Puerto Real transfirió al Consorcio como compensación por la liquidación del convenio firmado en 2007. Según lo acordado en 2023 entre el delegado del Estado en la Zona Franca, Fran González, y la entonces alcaldesa, Elena Amaya, el consistorio debía hacer frente a una compensación de 3,5 millones de euros por una antigua promoción comercial que nunca se llegó a ejecutar.
En virtud de dicho acuerdo, la Zona Franca también incorporó a su patrimonio un edificio de oficinas situado en el polígono El Trocadero, un espacio en el entorno del apeadero de Las Aletas y un local comercial ubicado en la Huerta Pley, en el centro urbano de Puerto Real. Estos activos, junto a las tres parcelas ahora ofertadas, han pasado a formar parte de la estrategia de gestión patrimonial y captación de inversión del Consorcio gaditano.