lunes, 2 de marzo de 2026
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El sector pesquero artesanal de Conil pierde más de una cuarta parte de sus ingresos en el primer semestre de 2025

El sector pesquero artesanal de Conil enfrenta una drástica caída del 26,4% en sus ingresos durante el primer semestre de 2025, evidenciando un deterioro preocupante en su actividad.

Redacción··Pesca·3 minImprimir
El sector pesquero artesanal de Conil pierde más de una cuarta parte de sus ingresos en el primer semestre de 2025

El sector pesquero de Conil ha registrado una caída del 26,4% en el valor de sus ventas durante el primer semestre de 2025, una cifra que refleja el deterioro progresivo de una actividad económica clave para el municipio gaditano. Entre enero y julio de este año se han desembarcado 181.948,93 kilogramos de pescado en la lonja local, frente a los 230.814,26 kilogramos del mismo periodo de 2024, lo que supone un descenso del 21,2% en volumen. La facturación ha pasado de 2.398.863,58 euros a 1.764.681,40 euros, consolidando una pérdida económica que el propio sector considera estructural.

Los representantes de la flota artesanal de Conil han atribuido esta situación a tres factores que, a su juicio, llevan años sin recibir una respuesta efectiva por parte de las administraciones competentes: la pesca con el arte conocido como tren de bolos, la actividad furtiva sin control y la expansión del alga invasora asiática Rugulopteryx okamurae.

Uno de los principales motivos de preocupación es la utilización del tren de bolos, una modalidad de arrastre prohibida en aguas próximas a Conil, que consiste en el empleo de cadenas con esferas metálicas que remueven el fondo marino. Aunque no se practica dentro del caladero conileño, su presencia en zonas cercanas está generando un impacto colateral en los ecosistemas, afectando a los hábitats de reproducción de especies clave para la pesca artesanal. El sector reclama desde hace más de 15 años la aprobación de una reserva marina de interés pesquero, un proyecto que consideran esencial para garantizar la regeneración de los recursos y establecer un marco sancionador eficaz.

La pesca furtiva es otro de los elementos que incide directamente en la pérdida de rentabilidad de la flota profesional. Los pescadores de la zona denuncian que, mientras ellos respetan las vedas, las tallas mínimas y la normativa vigente, proliferan las capturas ilegales sin trazabilidad ni control en la zona portuaria. Según los afectados, la falta de vigilancia en la rampa del puerto permite la salida de productos sin supervisión, generando una competencia desleal que debilita al sector legalmente constituido. Para revertir esta situación, se reclama un refuerzo de los controles en los puntos de desembarco y comercialización, así como la dotación de recursos suficientes para combatir este tipo de actividad.

En paralelo, la expansión de la alga invasora Rugulopteryx okamurae sigue alterando de forma significativa los fondos marinos, desplazando a especies autóctonas y dificultando las faenas de pesca. Aunque existe un Plan Estratégico impulsado por las administraciones públicas, el sector artesanal lamenta no haber sido incluido en el diseño ni en la aplicación de las medidas. La inclusión del conocimiento local y la participación activa de los pescadores es una de las demandas que trasladan a la mesa institucional, junto a la compensación por las pérdidas derivadas del impacto del alga.

Desde la cofradía de pescadores y las asociaciones representativas del sector se advierte de que la confluencia de estos factores está poniendo en riesgo la continuidad de una actividad que forma parte del tejido social y económico de Conil. La disminución constante de las posibilidades de pesca, el envejecimiento de la flota y la falta de rentabilidad comprometen la viabilidad de un modelo de pesca que históricamente ha estado vinculado a la sostenibilidad y al equilibrio del medio marino.

El sector pide que se atiendan sus reivindicaciones con carácter urgente y se diseñe, de forma consensuada, una hoja de ruta que garantice la recuperación de los caladeros, la legalidad en las prácticas pesqueras y la incorporación del conocimiento local a las políticas de conservación del litoral.

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