El verano de 2025 ha traído un respiro a Tarifa. Según el Ayuntamiento, las playas del municipio han registrado hasta la fecha la retirada de unas 2.500 toneladas de algas invasoras, muy por debajo de las cifras del pasado año, cuando se recogieron en torno a 12.500 toneladas. El ajuste supone una reducción aproximada del 80% respecto a 2024 en plena temporada alta, con un impacto directo en la imagen del litoral y en la carga de trabajo de los servicios municipales.
El concejal de Playas, Ignacio Trujillo, explica que el descenso no implica necesariamente una menor presencia de biomasa en el medio, sino un cambio en el patrón de arribazones por efecto del viento de levante, que ha soplado con intensidad en el Estrecho de Gibraltar y ha contenido la entrada de grandes bancos a la orilla tarifeña. “El levante no las deja salir del mar”, señala el edil, que apunta además a desplazamientos hacia otras áreas del litoral andaluz, como la costa de Málaga.
La menor llegada a la arena ha aliviado la operativa diaria de limpieza, tradicionalmente exigente por el volumen y la naturaleza del residuo. La gestión de estas algas requiere maquinaria pesada, camiones para el traslado y su depósito en instalaciones autorizadas. Este verano, el Ayuntamiento está priorizando el transporte desde el secadero municipal hasta el vertedero de Los Barrios, una vez reducida la necesidad de actuaciones continuas sobre la línea de playa.
En el capítulo financiero, la Diputación de Cádiz ha incrementado en 2025 su apoyo hasta los 150.000 euros, cuantía destinada a la logística de retirada y gestión. El año pasado, el Consistorio criticó el impacto presupuestario del fenómeno y calificó de “insuficiente” la ayuda provincial de 100.000 euros ante un volumen que superó con holgura las 12.000 toneladas. La menor presión de este verano permite reordenar recursos, aunque el gasto sigue siendo relevante por la naturaleza del residuo y los requisitos de traslado y tratamiento.
Desde el plano normativo, la Junta de Andalucía ha aprobado el Plan de Biomasa, un paso previo solicitado por el Ministerio para la Transición Ecológica para habilitar la comercialización de los arribazones. Según Trujillo, esta vía abre la posibilidad de acuerdos con empresas privadas que permitan valorizar el recurso y aliviar la carga económica municipal, siempre bajo criterios de trazabilidad y destino autorizado.
En paralelo, persisten las advertencias científicas sobre el comportamiento de la especie. La Rugulopteryx okamurae, originaria del Pacífico y cuya introducción en el Estrecho se vincula a las aguas de lastre de buques mercantes, continúa expandiéndose en fondos marinos. Un solo ejemplar puede originar hasta 600 nuevos, formando mantos densos que desplazan a la flora autóctona y reducen hábitats y alimento para fauna bentónica, con efectos sobre artes de pesca y capturas.