El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes en La Moncloa un paquete de nueve medidas con las que el Ejecutivo pretende endurecer su posición frente a la ofensiva israelí en Gaza. Entre ellas, se encuentra la prohibición de tránsito por puertos españoles de buques que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes, así como la denegación de acceso al espacio aéreo nacional para aeronaves de Estado que trasladen material de defensa hacia Israel.
Estas acciones se enmarcan en lo que Sánchez ha calificado como una respuesta jurídica, diplomática y económica a lo que ha descrito como una “violación sistemática del derecho internacional humanitario” en la Franja de Gaza. El presidente del Ejecutivo ha sostenido que las nuevas medidas buscan “detener el genocidio, perseguir a sus responsables y apoyar a la población palestina”.
Una de las decisiones más relevantes incluidas en este nuevo paquete es la tramitación urgente de un Real Decreto Ley para consolidar el embargo de armas a Israel que ya se aplica desde octubre de 2023. Esta norma establecerá de manera legal y permanente la prohibición de comprar, vender o transferir armamento, munición o equipamiento militar a las autoridades israelíes.
El paquete también incluye la prohibición expresa de importaciones procedentes de asentamientos israelíes ilegales en territorios palestinos ocupados, como Gaza y Cisjordania. Según ha explicado Sánchez, esta medida tiene por objetivo dificultar económicamente las ocupaciones, frenar el desplazamiento forzoso de población civil palestina y reforzar la viabilidad de la solución de los dos Estados.
Durante su intervención, el presidente del Gobierno ha aportado una serie de datos sobre el impacto de la ofensiva israelí iniciada en octubre del año pasado, en respuesta a los ataques perpetrados por Hamás. Según cifras manejadas por el Ejecutivo, los bombardeos y operaciones militares han causado 63.000 muertos, 159.000 heridos y más de 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda, con cerca de dos millones de desplazados, la mitad de ellos menores de edad.
El jefe del Ejecutivo ha asegurado que la operación militar ha derivado en una nueva oleada de ocupaciones ilegales y en lo que considera un ataque sistemático contra la población civil palestina. En ese contexto, ha recordado que España ha adoptado en los últimos años una serie de iniciativas en foros multilaterales para tratar de contener la violencia y mitigar su impacto humanitario. Entre ellas, figuran el apoyo a resoluciones de Naciones Unidas para un alto el fuego permanente, la cooperación con la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, el envío de ayuda humanitaria, el incremento del respaldo financiero a la UNRWA y el impulso del reconocimiento del Estado Palestino.
Aunque el presidente no ha especificado el calendario exacto de entrada en vigor de cada una de las medidas anunciadas, sí ha indicado que se aplicarán de forma progresiva y coordinada con otros Estados que comparten una posición similar. El Ejecutivo ha reiterado su compromiso con el derecho internacional y con una salida negociada al conflicto en Oriente Próximo basada en la coexistencia de dos Estados.