El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha decidido no adjudicar ni celebrar el contrato de gestión de la línea marítima de interés público entre Ceuta y Algeciras tras identificar un “error material” en la documentación de la licitación. La Dirección General de la Marina Mercante ha comunicado la decisión mediante una notificación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en la que también se cancela la fecha del 15 de septiembre que estaba fijada como límite para la presentación de ofertas.
El contrato, con una duración prevista de dos años y un presupuesto base de 4,41 millones de euros (8,83 millones con impuestos), debía garantizar un mínimo de cuatro rotaciones diarias en cada sentido entre ambos puertos, a bordo de buques ro-pax con menos de diez años de antigüedad, una capacidad mínima para 650 pasajeros y espacio para cien vehículos. Esta ruta es considerada de interés público y constituye el principal canal de conexión marítima de la ciudad autónoma con la península.
El expediente suspendido introducía algunas modificaciones respecto a anteriores contratos, entre ellas la eliminación de los límites tarifarios para los billetes de pasajeros no residentes durante los periodos de alta demanda, y la reserva de un 5% de las plazas para residentes hasta el momento de salida del buque. La posible omisión de bonificaciones aplicables a ciudadanos ceutíes ha generado inquietud entre distintas organizaciones sociales y políticas, que han solicitado una revisión del procedimiento.
Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta ha interpretado esta suspensión como una respuesta a su informe técnico remitido a la Delegación del Gobierno en la ciudad, apenas tres días antes del anuncio oficial. Según ha señalado el secretario general del sindicato, Ángel Lara, el documento recogía diversas objeciones relacionadas con la estructura económica del contrato, como las tarifas máximas permitidas o la duración del servicio, aspectos que CCOO considera clave para garantizar la accesibilidad del transporte marítimo y su impacto social y económico sobre la ciudadanía.
Lara ha confirmado que su organización ha solicitado una reunión urgente con la delegada del Gobierno para conocer las próximas actuaciones de la Marina Mercante y analizar en profundidad cualquier modificación que se introduzca en los futuros pliegos. Hasta la fecha, el sindicato ha expresado su intención de mantener una posición de cautela mientras no se publique una nueva versión de la licitación.
Desde el plano institucional, también se han producido movimientos orientados a la revisión del contrato. La vicepresidenta segunda de la Asamblea de Ceuta y portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), Fátima Hamed, remitió recientemente una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que trasladaba su preocupación por el deterioro progresivo del servicio. En su misiva, Hamed advertía de que la supresión de bonificaciones podría agravar las dificultades de movilidad de los residentes, a quienes —afirmaba— “se les están cerrando las pocas alternativas de conexión con el resto del país”.
El proceso de licitación ahora paralizado se había activado mes y medio después de que el Consejo de Ministros autorizara una partida de 26,15 millones de euros para el mantenimiento de servicios marítimos de interés público durante el periodo 2025-2027. La línea entre Ceuta y Algeciras forma parte de esta cobertura presupuestaria, aunque en este caso concreto el contrato vigente con Balearia expiró el pasado 30 de junio y su renovación estaba en curso.
Poco antes de la suspensión, la Dirección General de la Marina Mercante ya había procedido a introducir correcciones en los criterios de puntuación del pliego, aunque sin modificar aspectos centrales del modelo tarifario ni de las condiciones de reserva. Durante este mismo periodo, el mercado ha experimentado movimientos relevantes, como los acuerdos vinculantes firmados por Armas Trasmediterránea para la venta de sus activos a Balearia y DFDS Iberia, lo que ha reducido de forma significativa el número de posibles licitadores para cubrir esta línea.