La Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC), como entidad participante en NEXOMAR – INTERREG VI-A España–Portugal 2021–2027, ha presentado un Informe de Buenas Prácticas de Colaboración Público-Privada (CPP) en el ámbito logístico-portuario. El trabajo, asociado al expediente 0167-NEXOMAR-5-E y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), tiene como propósito identificar, caracterizar y analizar experiencias con potencial de transferencia a contextos transfronterizos del suroeste ibérico.
El enfoque metodológico combina revisión documental y trabajo de campo mediante entrevistas en profundidad a agentes públicos y privados. Esta aproximación busca extraer lecciones operativas, condiciones de replicabilidad y factores habilitadores o restrictivos, con la mirada puesta en la aplicabilidad práctica en la Eurorregión AAA.
El informe define la CPP como cooperación estructurada entre autoridades portuarias y operadores privados para planificar, ejecutar u operar infraestructuras y servicios. Entre los efectos esperados figuran el reparto de riesgos, la modernización de procesos, la incorporación de innovación y la mejora de la gobernanza, con beneficios específicos en digitalización, eficiencia energética y reducción de emisiones. En territorios transfronterizos, estas fórmulas se orientan a atraer inversión sostenible, elevar la integración tecnológica y favorecer soluciones intermodales.
El capítulo de casos recoge experiencias en España y en el exterior. En Barcelona, la estrategia digital incorpora la “Puerta Virtual”, que permite realizar el 100% de los trámites en línea y monitoriza accesos en tiempo real; el proyecto se asocia a ahorros potenciales estimados por encima de 3.000 millones de euros anuales a escala estatal, con Barcelona como puerto piloto. En Andalucía, la electrificación OPS de muelles se despliega con financiación europea y participación de operadores energéticos; la planificación en curso en puertos como Cádiz y Algeciras prevé inversiones superiores a 60 millones de euros hasta 2030. Valencia se orienta a modernización y eficiencia operativa a través de concesiones y herramientas digitales, y Bilbao prioriza la conectividad intermodal y la trazabilidad mediante nuevas plataformas logísticas y ferroviarias.
En el plano internacional, Róterdam figura como laboratorio europeo por la integración de sistemas digitales en tiempo real, electrificación y economía circular; la combinación público-privada facilita la ejecución de proyectos de innovación y sostenibilidad con capacidad de transferencia. También se abordan las medidas coordinadas de Los Ángeles/Long Beach ante retos de congestión y exigencias ambientales, y el papel de Singapur como hub de interoperabilidad digital.
El análisis cualitativo incorpora testimonios que sitúan el marco español de puertos de interés general como un sistema ampliamente basado en concesiones: el sector público habilita infraestructuras y suelo, mientras el privado opera terminales y servicios bajo licencias y contratos, con acceso abierto y planificación de largo plazo como elementos críticos, junto con transición energética y digitalización (incluido OPS). En paralelo, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía delimita el alcance de los puertos autonómicos —centrados en usos pesqueros y deportivos— sin extrapolación directa al tráfico de mercancías, por lo que el foco operativo recae en autoridades de competencia estatal en la región (Algeciras, Sevilla, Huelva, Cádiz).
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras expone dinámicas de coordinación con la comunidad portuaria (COMPORT) y proyectos con Tánger Med, así como el “Plan Hércules”, articulado en siete líneas: trazabilidad con Tánger Med; ampliación de infraestructuras para tráfico rodado; nueva terminal para tráfico pesado; terminal intermodal de San Roque; fortalecimiento del PIF; digitalización; e integración ferroviaria. El enclave también incorpora un Port Community System y soluciones OPS, con referencias externas sobre eficiencia operativa.
Como resultado, el documento estructura un conjunto de recomendaciones: participación temprana del sector privado en la planificación; transparencia en la contratación; gobernanza compartida; simplificación administrativa; seguimiento de indicadores; optimización energética; y creación de hubs de innovación próximos al puerto. Estas directrices se formulan con criterios de transferibilidad a proyectos de la Eurorregión AAA, en coordinación con programas de cooperación como INTERREG POCTEP.
El informe sitúa así un marco de trabajo para que administraciones y operadores evalúen modelos de CPP adaptados a la realidad transfronteriza, con especial atención a la calidad contractual, la interoperabilidad tecnológica y la sostenibilidad ambiental, elementos que facilitan la replicación de experiencias en el suroeste europeo.

