La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha reclamado este jueves a la Comisión Europea que intensifique la vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa medioambiental comunitaria en el entorno del Estrecho de Gibraltar. La solicitud responde a una denuncia presentada por Verdemar-Ecologistas en Acción, que ha alertado de la situación que vive la zona como consecuencia de vertidos sin tratar, fondeos masivos y pesca ilegal vinculados a actividades marítimas realizadas desde Gibraltar.
El colectivo ecologista ha denunciado que el Peñón continúa vertiendo la totalidad de sus aguas residuales sin depuración al mar, una práctica que consideran contraria a la legislación ambiental de la UE y que, según señalan, afecta directamente a ecosistemas de gran valor, como la bahía de Algeciras o el Mar de Alborán. Además, advierten de la proliferación de operaciones de avituallamiento entre buques y del fondeo habitual de grandes embarcaciones en zonas cercanas, lo que estaría transformando esta área protegida en una plataforma logística flotante entre el Atlántico y el Mediterráneo.
A esta situación se suma, según Verdemar, el proceso continuado de ganancia de terreno al mar por parte de Gibraltar, que lleva desarrollándose desde los años noventa, así como el impacto de estas actividades sobre los caladeros tradicionales, que se verían alterados por la presión marítima y la falta de regulación efectiva.
Durante la sesión parlamentaria, una representante de la Comisión Europea reconoció la existencia de un vacío legal derivado de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Este contexto ha dejado fuera del marco normativo comunitario a Gibraltar, lo que impide, por el momento, aplicar de forma directa la legislación europea sobre medio ambiente en este territorio.
La funcionaria comunitaria explicó que este vacío se abordará mediante el nuevo acuerdo entre la UE y el Reino Unido, alcanzado el pasado mes de junio, que incluye un protocolo específico con compromisos ambientales. Dicho protocolo contempla la obligación por parte británica de mantener estándares equivalentes a los de la Unión, también en lo relativo a Gibraltar. No obstante, su entrada en vigor está aún pendiente, y su implementación efectiva dependerá de futuros pasos políticos.
Desde el Parlamento Europeo, varios grupos han mostrado su respaldo a la petición de Verdemar y han reclamado acciones más inmediatas. La eurodiputada del Partido Popular, Esther Herranz, cuestionó que la Comisión se limite a esperar la entrada en vigor del protocolo y no actúe frente a las infracciones actuales. A su juicio, existe una “evidencia clara” de vertidos no autorizados y actividades contrarias a la normativa comunitaria, lo que supone un riesgo para la biodiversidad marina y los recursos pesqueros.
Herranz denunció también la existencia de pesca ilegal de atún en aguas comunitarias por parte de embarcaciones que, posteriormente, se refugian en aguas gibraltareñas, lo que impide su control y sanción por parte de las autoridades europeas.
En la misma línea, Sandra Gómez, eurodiputada del PSOE, subrayó la singularidad ecológica de la zona del Estrecho, el Mar de Alborán y la bahía de Algeciras, y defendió la necesidad de una vigilancia activa y de una cooperación internacional efectiva para evitar el deterioro del entorno.
Por su parte, Ana Miranda, representante del BNG, exigió actuaciones urgentes y denunció que, mientras se dilatan los acuerdos bilaterales, la contaminación y la pesca irregular continúan afectando a una de las áreas marinas más sensibles del sur de Europa.