El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, con el respaldo de 174 votos a favor y 4 abstenciones, paso que permitirá continuar su tramitación parlamentaria en el Senado. La norma, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y es uno de los requisitos acordados con la Comisión Europea para desbloquear los fondos NextGenerationEU, valorados en cerca de 10.000 millones de euros.
El texto establece un marco legal estable y coherente para orientar las políticas públicas hacia un modelo de transporte más seguro, limpio, conectado y socialmente equitativo. Desde el Gobierno, se considera una herramienta fundamental para responder a los retos del siglo XXI en materia de movilidad, al tiempo que proporciona seguridad jurídica a administraciones y operadores del sector.
Cuatro pilares estratégicos
El proyecto de ley se articula en torno a cuatro pilares fundamentales. El primero es el reconocimiento de la movilidad como un derecho, lo que implica que deberá ser accesible e inclusiva para toda la ciudadanía. Con este principio, se refuerza el papel coordinador del Estado, que garantizará el mantenimiento de servicios en los municipios actualmente atendidos por concesiones estatales, incluso si las comunidades autónomas deciden no asumir su gestión.
El segundo pilar se refiere al compromiso con una movilidad limpia y saludable. La norma señala que el transporte es responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, por lo que establece medidas para avanzar en la neutralidad climática del sector. Entre ellas, se prevé la revisión de las etiquetas medioambientales de la DGT para vehículos ligeros, adaptándolas a la evolución tecnológica.
El tercer eje del texto es la digitalización del sistema de transporte, mediante la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), que reunirá información en tiempo real sobre infraestructuras, servicios y demanda de movilidad. Esta base de datos facilitará la toma de decisiones basada en evidencia y fortalecerá la coordinación entre las diferentes administraciones con competencias en la materia.
Como cuarto elemento, se promueve una gestión eficiente de la inversión pública. Se establece la obligatoriedad de realizar análisis de rentabilidad social y ambiental en todos los proyectos relacionados con movilidad, así como mecanismos de evaluación, transparencia y rendición de cuentas en las actuaciones financiadas con recursos públicos.
Nuevas obligaciones para empresas y administraciones
Además de estos pilares, la norma introduce nuevas obligaciones para las administraciones públicas y el sector privado. Entre ellas, destaca la exigencia a las empresas de más de 200 trabajadores por centro —o 100 por turno— de elaborar planes de movilidad sostenible al trabajo, con el objetivo de reducir el uso del vehículo privado y promover alternativas como el transporte colectivo, la movilidad activa o el teletrabajo.
Por otra parte, las administraciones deberán fomentar modos de transporte sostenibles, priorizando la movilidad peatonal, ciclista y el uso del transporte público colectivo. Se busca, con ello, transformar la estructura urbana tradicional centrada en el automóvil hacia un modelo orientado a las personas.
La norma también incorpora la elaboración de una Estrategia Estatal contra la Pobreza de Transporte, que abordará las carencias del sistema desde el punto de vista de la equidad territorial y social, tanto en infraestructuras como en servicios.
Alineada con los compromisos europeos e internacionales
La futura Ley de Movilidad Sostenible se alinea con los principales marcos internacionales y comunitarios en materia de sostenibilidad, como la Agenda 2030 de la ONU, el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo. También responde a los objetivos de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la Comisión Europea, reforzando el papel de España en la transición hacia un modelo económico y social más sostenible.
Una vez completada su tramitación en el Senado, la norma permitirá a España acceder a parte de los fondos europeos del Plan de Recuperación, destinados a la transformación del sistema de transportes y la mejora de la movilidad en entornos urbanos y metropolitanos.