La Organización Marítima Internacional (OMI) ha decidido aplazar un año la adopción formal del Marco Net-Zero (NZF), el paquete regulatorio destinado a sentar las bases para la descarbonización del transporte marítimo internacional a partir de 2027. La decisión se tomó el pasado viernes, 18 de octubre, al cierre de una sesión extraordinaria del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC), celebrada en Londres, en la que quedó patente una profunda división entre los Estados miembro.
Con 57 votos a favor del aplazamiento, 49 en contra y 21 abstenciones, la votación evidenció la falta de consenso para aprobar el primer mecanismo global de fijación de precios del carbono en el sector marítimo. El Marco Net-Zero había sido respaldado previamente en abril de 2024 como una de las principales herramientas para cumplir con la estrategia revisada de gases de efecto invernadero (GEI) de la OMI, que fija el objetivo de alcanzar emisiones netas cero para el año 2050.
La medida tenía previsto aplicarse inicialmente a partir de 2027 para los buques de más de 5.000 toneladas de arqueo bruto, responsables del 85 % de las emisiones del transporte marítimo internacional. La propuesta incluía una norma sobre el contenido de carbono de los combustibles y un sistema de tarifas por emisiones, con un precio inicial estimado de 100 dólares por tonelada de CO₂ emitido. Se calculaba que el mecanismo podría generar entre 11.000 y 13.000 millones de dólares anuales, fondos que se distribuirían equitativamente, prestando especial atención a los países menos desarrollados y Estados insulares.
El resultado de la votación ha generado preocupación entre actores institucionales y del sector privado. Uno de los efectos más inmediatos podría ser el regreso a configuraciones más convencionales en los nuevos pedidos de buques, dada la indefinición del marco normativo. Según analistas del banco de inversión Jefferies, es previsible que parte de la cartera de buques “dual-fuel capable” (capaces de funcionar con múltiples tipos de combustible) se modifique a versiones “dual-fuel ready” (preparadas pero no equipadas), lo que permite reducir costes de capital mientras se clarifica la hoja de ruta regulatoria de la OMI.
La división entre los Estados miembro ha quedado claramente reflejada en las posiciones políticas. Mientras que la Unión Europea, Reino Unido, Brasil, Canadá, China, India, Corea del Sur y Japón figuraban entre los defensores del marco, países como Estados Unidos, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Liberia y Rusia encabezaron la oposición. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al Marco Net-Zero como “un impuesto global al carbono” y aseguró que no permitirá ninguna medida que suponga un aumento de costes para las empresas estadounidenses. Advirtió además que su administración podría aplicar sanciones comerciales, nuevos aranceles y restricciones portuarias a los países que respalden la iniciativa.
Desde Europa, diversas organizaciones sectoriales han expresado su decepción ante el aplazamiento. El secretario general de European Shipowners, Sotiris Raptis, declaró que la regulación global sigue siendo esencial para garantizar condiciones de competencia equilibradas y pidió que este año adicional se utilice para cerrar las brechas pendientes y construir un acuerdo efectivo.
Por su parte, Patrick Verhoeven, director general de la Asociación Internacional de Puertos y Terminales (IAPH), alertó sobre el riesgo de que la falta de avances multilaterales conduzca a una proliferación de iniciativas regulatorias regionales, generando un panorama normativo fragmentado, con posibles consecuencias no previstas para la industria.
El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, visiblemente contrariado en su intervención de clausura, instó a los delegados a evitar repetir las dinámicas de negociación vividas durante la semana: “Mi llamado es a que lo ocurrido no vuelva a suceder. No beneficia ni a los Estados ni a la organización”.
En la misma línea, el director ejecutivo de la Asociación de Armadores Alemanes, Dr. Martin Kröger, señaló que la falta de progreso no refleja una carencia de ambición por parte del sector, sino “el resultado de una política que ha sobrepasado el pragmatismo”. Según Kröger, el desacuerdo tiene su origen en el conflicto de intereses entre regiones, donde el enfoque unilateral de la Unión Europea coexiste con los intereses energéticos tradicionales de potencias como Estados Unidos y Arabia Saudí.
Desde el ámbito ambiental, la ONG Transport & Environment calificó la decisión como una señal preocupante. Su representante ante la OMI, la doctora Alison Shaw, afirmó que el sector está “navegando en la incertidumbre” y advirtió que los países más ambiciosos en materia climática deberían aprovechar esta oportunidad para conformar una mayoría dispuesta a avanzar hacia una descarbonización efectiva.
El aplazamiento se produce, además, en un contexto de creciente presión regulatoria en otras jurisdicciones. A finales de septiembre venció el primer pago obligatorio en el marco del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) de la Unión Europea para el sector marítimo. Drewry estima que las compañías navieras abonaron en octubre alrededor de 2.900 millones de dólares correspondientes al 40 % de las emisiones de 2024 declaradas por unos 13.000 buques en la plataforma MRV de seguimiento y verificación. Esta cifra se multiplicará progresivamente, hasta alcanzar los 7.500 millones de dólares anuales en 2026, cuando el sistema europeo incluya todos los gases de efecto invernadero y el cumplimiento llegue al 100 % de las emisiones.
En este contexto, el aplazamiento del Marco Net-Zero de la OMI no solo amplía la incertidumbre global en torno a las futuras exigencias ambientales para el transporte marítimo, sino que también debilita la coherencia internacional que el sector necesita para avanzar hacia una transición energética ordenada, eficiente y alineada con los compromisos climáticos globales.