La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, ha condenado a 22 años y dos meses de prisión al armador del pesquero Rúa Mar, hundido en enero de 2020 frente a las costas de Marruecos, accidente en el que fallecieron seis tripulantes. El tribunal lo considera culpable de homicidio imprudente, tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.
El juicio concluyó el pasado 10 de octubre, y la sentencia, ya disponible, desglosa las penas impuestas: 12 años por homicidio imprudente con resultado de muerte para los seis marineros, cinco años y cuatro meses por un delito contra la salud pública, un año y dos meses por pertenencia a grupo criminal, tres años y cuatro meses por blanqueo de capitales y cuatro meses adicionales por blanqueo en grado de tentativa. Además, se le impone el pago de más de un millón de euros en concepto de indemnización a los familiares de las víctimas, así como una multa superior a los 6,5 millones de euros.
El fallo judicial también establece penas para otros acusados, con condenas que oscilan entre seis años y dos meses hasta tres años y cuatro meses, principalmente por delitos de blanqueo. En total, hay seis procesados, aunque uno de ellos no ha comparecido al encontrarse en paradero desconocido.
La investigación, iniciada por la Policía Nacional a comienzos de 2019, reveló la existencia de un grupo organizado dedicado a la introducción de hachís desde Marruecos mediante barcos de pesca. La organización operaba bajo la cobertura de una entidad pesquera gestionada por el armador del Rúa Mar, quien disponía de al menos cuatro embarcaciones para el transporte de droga.
Según la sentencia, las embarcaciones eran modificadas con dobles fondos para ocultar la droga y aprovechaban sus licencias de pesca para justificar sus salidas al mar. El armador, identificado como líder del grupo, supervisaba las operaciones y mantenía el control sobre los patrones y tripulaciones, que eran personas de su confianza y conocían la actividad ilícita.
El Rúa Mar zarpó del puerto de Barbate el 22 de enero de 2020 en dirección a aguas marroquíes. Aquella misma tarde, el armador mantuvo una conversación telefónica con el patrón del barco, quien le informó que habían cargado la droga pero sufrían una avería en el embrague que impedía la navegación. La conversación fue grabada por un dispositivo de escucha autorizado judicialmente.
Tras esa comunicación, no se produjeron nuevas interacciones conocidas con la embarcación. Ya en la madrugada del 23 de enero, Salvamento Marítimo intentó contactar con el armador ante la activación automática de la radiobaliza del Rúa Mar al oeste de Cabo Espartel. El dispositivo fue hallado el día 24, a 14 millas del punto de activación, sin indicios de haber sido accionado manualmente.
La sentencia señala que el armador, pese a tener conocimiento de la avería, no tomó ninguna medida para activar el rescate, lo que habría permitido una posible intervención antes del naufragio. Esta omisión, según el tribunal, agrava su responsabilidad en los hechos que desembocaron en la muerte de los seis tripulantes.
Finalmente, el fallo judicial aclara que no se ha podido establecer una relación directa entre los fardos de hachís hallados el 26 de enero de 2020 en las inmediaciones del faro de Trafalgar y la carga transportada por el Rúa Mar.