El sector pesquero andaluz ha trasladado este miércoles en Málaga su preocupación por la situación de la pesca de arrastre del Mediterráneo, en una reunión mantenida con responsables de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) de la Comisión Europea. En el encuentro, celebrado en un contexto de tensión creciente entre el sector y Bruselas, la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) ha expresado que la política europea en materia pesquera está comprometiendo la viabilidad de una actividad estratégica para las comunidades costeras del sur de España.
Según explicó el presidente de Faape, José María Gallart, la reunión ha confirmado las sospechas del sector sobre la falta de sensibilidad institucional hacia la pesca de arrastre. “La DG Mare ha dado la espalda a la flota del Mediterráneo español”, declaró. A raíz del encuentro, Faape ha concretado en ocho puntos las demandas dirigidas a la Comisión Europea, con el objetivo de revertir una situación que, según argumentan, amenaza con acelerar el desmantelamiento del tejido socioeconómico ligado a la pesca de arrastre.
Uno de los principales reproches se centra en la metodología empleada por Bruselas para adoptar decisiones en materia de gestión pesquera. Desde Faape aseguran que las normativas europeas están siendo elaboradas “sobre bases científicas incompletas y modelos sin consenso dentro de la propia comunidad técnica”. En este sentido, la organización defiende que cualquier modificación del esfuerzo pesquero debe estar respaldada por informes con solidez técnica, transparencia metodológica y aval científico. “No se puede sacrificar una flota entera en base a escenarios inciertos o modelos parciales”, señalan.
El sector andaluz también ha cuestionado el enfoque actual de la Política Pesquera Común (PPC), al considerar que ha perdido el equilibrio entre los tres pilares que la sustentan: sostenibilidad ambiental, social y económica. Para los representantes de la flota, las últimas decisiones de Bruselas han priorizado exclusivamente la dimensión medioambiental, sin tener en cuenta las consecuencias que determinadas restricciones generan sobre las personas y comunidades que dependen directamente de la pesca. “Se protege el mar, pero se abandona a quienes viven de él”, denuncian.
Entre las peticiones concretas, Faape ha solicitado a la Comisión Europea la recuperación del esfuerzo pesquero, planteando el retorno a una media de entre 160 y 180 días de actividad al año. Esta cantidad es considerada por el sector como imprescindible para mantener la rentabilidad, la estabilidad del empleo y la capacidad de suministro de pescado fresco a los mercados nacionales. En la actualidad, algunas embarcaciones disponen de apenas 130 días efectivos de trabajo, lo que, según el sector, pone en riesgo su viabilidad a corto plazo. Gallart ha señalado que esta reducción “condena a las comunidades pesqueras al cierre definitivo”.
En su intervención, Gallart ha defendido que la pesca de arrastre “debe ser reconocida como una actividad estratégica”. Ha recordado que esta modalidad no solo garantiza el abastecimiento alimentario y genera empleo directo e indirecto, sino que además cumple una función estructural en numerosos municipios costeros andaluces. “La pesca de arrastre no puede seguir siendo tratada como el enemigo público número uno de la política pesquera europea”, ha afirmado.
Otra de las demandas trasladadas a la Comisión es el reconocimiento institucional del papel de los pescadores como actores comprometidos con la sostenibilidad. Desde Faape consideran que esta actividad ha sido “ignorada, estigmatizada y castigada”, a pesar de los avances en materia de buenas prácticas, control de capturas y mejora de la selectividad. Por ello, solicitan respeto institucional, coherencia regulatoria y un marco de actuación que no penalice de forma generalizada a todo el sector.
Uno de los elementos más críticos del actual marco regulatorio es, a juicio del sector, la aplicación del Plan Plurianual de Pesca Demersal del Mediterráneo Occidental (MAP WestMed), en vigor desde 2020. Este plan, aprobado con el objetivo de garantizar la recuperación de las poblaciones demersales, ha supuesto una disminución progresiva del número de días de mar autorizados, así como la introducción de nuevas limitaciones técnicas. Según Faape, el MAP WestMed ha acelerado el deterioro del tejido pesquero mediterráneo y debe ser revisado de forma urgente.
El sector sostiene que el plan no ha sido capaz de lograr un equilibrio entre conservación y actividad económica, y recuerda que su modificación ha sido solicitada en reiteradas ocasiones por los gobiernos de España, Italia y Francia sin obtener aún una respuesta por parte de Bruselas. Gallart ha calificado la situación como insostenible y ha advertido que “cada día de retraso en esta revisión deja un nuevo barco amarrado y una familia más sin sustento”.
Otra cuestión que ha sido objeto de crítica por parte de los representantes andaluces es la aplicación de un doble régimen de control sobre la pesquería de la gamba roja, una de las más emblemáticas y sostenibles del Mediterráneo. En la actualidad, esta pesquería se encuentra sujeta tanto a limitaciones por esfuerzo como a cuotas, lo que, según Faape, compromete su rentabilidad y operatividad. Gallart ha explicado que “ninguna especie debería estar sometida a un doble régimen que asfixia aún más a una flota que opera bajo criterios de selectividad y sostenibilidad”.
Durante la reunión también se ha solicitado a la Comisión Europea que abandone el enfoque de promesas sin ejecución efectiva. El sector ha reclamado hechos concretos y medidas inmediatas que permitan mantener la actividad y evitar la pérdida de empleo. Faape ha apelado directamente al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, para que intervenga ante la situación. Según la federación andaluza, “la Comisión Europea aún está a tiempo de rectificar su rumbo y evitar ser recordada como la institución que permitió el declive de la pesca del Mediterráneo”.
El sector pesquero andaluz ha insistido en su compromiso con la gestión responsable de los recursos y con los principios de sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, exige reciprocidad por parte de las instituciones comunitarias. En palabras de Gallart, “no puede hablarse de sostenibilidad mientras se condena a la desaparición a quienes viven del mar”.
Actualmente, Andalucía cuenta con 115 embarcaciones de arrastre y 13 núcleos pesqueros dedicados a esta modalidad. Según los datos aportados por Faape, estas flotas sostienen directamente a más de 17.000 familias en la comunidad autónoma. La organización advierte que, sin medidas urgentes, ese número podría reducirse significativamente en los próximos meses. Para Faape, la desaparición progresiva de esta modalidad pesquera “no sólo representa un fracaso económico, sino también un fracaso moral y político para Europa”.
Gallart ha concluido su intervención recordando que las medidas adoptadas desde 2020 han tenido un impacto directo sobre la operatividad de la flota. “En Andalucía, la pesca de arrastre ha pasado de poder faenar 230 días al año a apenas 130. Nadie puede sobrevivir con la mitad del trabajo y el doble de incertidumbre”, ha subrayado.