La Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) ha presentado el documento «Infraestructuras provincia de Cádiz. Situación y demandas empresariales sectoriales y territoriales», un informe que ha sido validado por la junta directiva de la organización y que sistematiza el diagnóstico, las prioridades y las propuestas surgidas de la Convención Empresarial 2025, celebrada el pasado mes de noviembre en Chiclana de la Frontera bajo el lema «Por unas infraestructuras a la altura de nuestro futuro».
El documento es resultado de un proceso de análisis con asociaciones territoriales y sectoriales, agentes sociales y expertos, y parte de una premisa central: el déficit acumulado de infraestructuras en la provincia constituye un factor estructural que condiciona la competitividad, el empleo y la atracción de inversiones.
El presidente de la CEC, José Andrés Santos, ha indicado que «este documento no es una enumeración de quejas, sino una propuesta ordenada y realista basada en datos». Santos ha añadido que «la Convención Empresarial nos permitió compartir un diagnóstico común y ahora damos un paso más: convertir ese consenso en una hoja de ruta clara, validada por nuestros órganos de gobierno, que sirva de referencia para el diálogo con las administraciones».
El informe sitúa el contexto económico y territorial de Cádiz como octava provincia más poblada de España, con una economía diversificada y una posición geoestratégica relevante, pero con indicadores de renta y productividad por debajo de la media andaluza y nacional. El PIB per cápita gaditano se situó en 18.100 euros en 2022, frente a los 21.100 euros de Andalucía y los 28.100 euros del conjunto nacional, mientras que el crecimiento económico en 2024 alcanzó el 2,4%, por debajo del 2,7% andaluz y del 3,2% español.
Entre las conclusiones del documento figura que la falta de infraestructuras está encareciendo los costes logísticos, limitando proyectos industriales y generando una dependencia de sectores vulnerables a la estacionalidad. El informe también alerta del riesgo de repetir dinámicas pasadas caracterizadas por buenos diagnósticos pero escasa ejecución.
La CEC plantea una estrategia de prioridades basada en criterios que incluyen el impacto en competitividad y empleo, la seguridad y cohesión territorial, la madurez de los proyectos y la contribución a la transición ecológica y a la resiliencia hídrica y energética.
En materia de carreteras, el documento identifica como actuaciones relevantes el tercer carril de la AP-4 Cádiz-Sevilla, el desdoble de la N-IV entre Los Palacios y Jerez (aproximadamente 66 kilómetros), la culminación de la A-48 entre Vejer, Tarifa y Algeciras (unos 70 kilómetros sin desdoblar), la mejora de la A-381 Jerez-Los Barrios, el tercer carril y mejoras en la A-7 en el tramo Algeciras-San Roque, y actuaciones sobre nudos críticos como Tres Caminos y Palmones.
En el ámbito ferroviario, las prioridades incluyen la modernización y electrificación del eje Algeciras-Bobadilla, la mejora del corredor Cádiz-Sevilla para viajeros y mercancías, y el desbloqueo del área logística LÓGICA en Puerto Real. El informe también recoge proyectos de mayor alcance como el denominado tren «Dos Bahías», que plantea una conexión ferroviaria directa entre la Bahía de Cádiz y la Bahía de Algeciras con una longitud estimada de 120 kilómetros y un coste aproximado de 650 millones de euros.
Respecto a los puertos, el documento señala la necesidad de completar la conexión ferroviaria de la nueva terminal de contenedores del Puerto de la Bahía de Cádiz en el muelle de Cabezuela, así como la mejora de accesos viarios y ferroviarios en el Puerto de Algeciras, donde Puertos del Estado tiene previsto dedicar unos 520 millones de euros hasta 2029.
En infraestructuras hidráulicas, el informe identifica como prioritarias la presa de Gibralmedina en Jimena de la Frontera, con una inversión estimada de 600 millones de euros y capacidad para 100 hectómetros cúbicos, y la conexión entre los embalses de Bornos y Guadalcacín, con licitación prevista para 2026 y un coste estimado de entre 14 y 15 millones de euros.
El documento también aborda las carencias en infraestructuras energéticas, señalando que empresas industriales se encuentran paralizadas por costes energéticos y falta de potencia disponible, y en telecomunicaciones, donde persisten zonas blancas y grises en el interior y áreas rurales.
En cuanto al suelo industrial, el informe constata que la provincia dispone de 203 espacios industriales activos con más de 5.200 empresas implantadas, pero solo quedan 345,7 hectáreas urbanizadas libres disponibles para nuevas implantaciones.
La CEC asume con este documento el compromiso de liderar y coordinar una Agenda Provincial de Infraestructuras 2025-2045, que según la organización debe mantenerse estable en el tiempo y al margen de los ciclos políticos.