La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado la segunda fase del análisis de las tres operaciones por las que la naviera Baleària adquiere el control exclusivo de determinados activos de Armas en las zonas de Alborán, el Estrecho de Gibraltar y las conexiones entre la Península y Canarias. El organismo regulador ha detectado posibles riesgos para la competencia en los tres mercados como consecuencia de la elevada concentración que se produciría tras completarse las transacciones.
Ambas compañías están presentes en el mercado de transporte marítimo regular de carga rodada y pasajeros en los ámbitos geográficos Sur Península-Alborán, Sur Península-Estrecho y Península-Canarias. En octubre de 2025, Baleària notificó a la CNMC la adquisición del control exclusivo de los activos de su competidora en estas áreas, lo que activó el procedimiento de análisis de concentraciones empresariales.
Durante la primera fase del análisis, la CNMC ha identificado que, una vez completadas las operaciones, Baleària se quedaría como la única naviera en varias de las rutas afectadas, dando lugar a situaciones de monopolio en determinados mercados. Esta circunstancia ha motivado la apertura de la segunda fase, que permite un examen más detallado de los efectos de las transacciones sobre la competencia.
En la zona de Alborán, la operación permitiría a Baleària consolidar su posición como principal operador, con una escasa presión competitiva y quedando como único prestador del servicio en la mayoría de los mercados afectados. En el ámbito de las rutas Península-Canarias, la transacción supondría igualmente la consolidación de Baleària como única naviera en esos mercados.
En el caso del Estrecho de Gibraltar, la CNMC tiene en cuenta además otra operación notificada por el grupo DFDS, actualmente en análisis, que afecta al mismo ámbito geográfico. En la ruta Algeciras-Tánger Med, ambas operaciones se solapan. En caso de ser autorizadas, Armas dejaría de prestar servicio y el número de navieras operativas se reduciría de cuatro a tres.
Los riesgos identificados por el organismo de competencia se concretan en posibles incrementos de precios, pérdida de calidad del servicio y reducción de frecuencias en las zonas Sur Península-Alborán, al menos en las rutas Sur Península-Melilla y Almería-Nador, así como en las conexiones Península-Canarias.
La CNMC considera que este riesgo resulta especialmente preocupante en las rutas donde no existen Obligaciones de Servicio Público (OSP), ya que en estos casos no se establecen tarifas máximas reguladas. No obstante, el organismo señala que el riesgo también se genera en las rutas que sí cuentan con dichas obligaciones, donde hay determinados servicios de los mercados Península-Canarias y Sur Península-Melilla.
Adicionalmente, en las zonas bajo régimen de OSP existirían riesgos para las futuras licitaciones públicas, al reducirse de dos a una las navieras que han participado en los concursos convocados en los últimos años. Esta reducción del número de operadores con capacidad de licitar podría afectar a la competitividad de los procesos de adjudicación.
Baleària ha presentado compromisos para la zona Península-Canarias, así como su renuncia a la licencia en la ruta Nador-Almería. Sin embargo, la CNMC considera que los riesgos identificados no permiten autorizar estas operaciones sin compromisos adicionales y que las medidas presentadas por la naviera requieren de un análisis en mayor profundidad en segunda fase.
En el caso del Estrecho, la CNMC estima necesario analizar la modificación completa que se produciría en la estructura del mercado como resultado de ambas operaciones, la de Baleària y la de DFDS.
El paso a segunda fase no prejuzga las conclusiones finales del análisis. Durante esta etapa, la CNMC podrá requerir información adicional a los operadores implicados, y tanto la empresa notificante como terceros interesados podrán presentar alegaciones para la defensa de sus legítimos intereses.
La resolución final del procedimiento podrá adoptar distintas formas: autorizar las operaciones sin condiciones, acordar compromisos con las partes, subordinar la autorización al cumplimiento de determinadas condiciones o prohibir las operaciones de concentración si los riesgos para la competencia no pueden ser mitigados mediante otras medidas.