Ante las nuevas convocatorias de manifestaciones anunciadas por los payeses catalanes, las federaciones de transportistas de mercancías por carretera CETCAT y COT han expresado su solidaridad con la problemática que atraviesa el campo catalán, marcada por los bajos precios, la competencia desleal de países terceros y el exceso de burocracia. No obstante, advierten de que estas dificultades no afectan únicamente a agricultores y ganaderos, sino también al sector del transporte por carretera, que padece igualmente estas circunstancias.
Los transportistas recuerdan que desde el pasado mes de diciembre vienen soportando, “con absoluta impotencia”, las movilizaciones llevadas a cabo por una parte del sector agrario a ambos lados de la frontera. Según señalan, durante los años 2024 y 2025 estas protestas ya provocaron millones de euros en pérdidas para el transporte de mercancías por carretera y situaciones especialmente graves, con miles de profesionales retenidos durante horas o días en las carreteras, en condiciones que califican de inhumanas y sin posibilidad de regresar a sus domicilios.
En este contexto, las organizaciones denuncian que, una vez más, las carreteras catalanas y determinadas infraestructuras críticas, como el Puerto de Tarragona, se han convertido en objetivo de las protestas, con los transportistas como “rehenes” colaterales de unas reivindicaciones que consideran legítimas, pero mal canalizadas.
Frente a la nueva convocatoria de bloqueos, CETCAT y COT critican la “connivencia” de la Generalitat de Cataluña al autorizar estas movilizaciones sin, a su juicio, garantizar el derecho fundamental a la libre circulación de personas y mercancías por la red viaria.
Por ello, reclaman una actuación urgente de la Conselleria de Interior y de la Consejería de Territorio, Habitat y Transición Ecológica, que, además de velar por el legítimo derecho de manifestación, deben asegurar la libre circulación y evitar que se ponga en riesgo la seguridad y la integridad de los profesionales y trabajadores del transporte de mercancías por carretera.
Las federaciones advierten de que, en caso de no producirse esta intervención, exigirán las correspondientes responsabilidades políticas y las compensaciones económicas por las pérdidas ocasionadas, tanto a los convocantes de las movilizaciones como a la propia Administración, a la que responsabilizan de permitir los cortes.