El Parlamento Europeo ha remitido este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revise si es compatible con los tratados de la UE, una decisión que paraliza de manera efectiva su tramitación hasta que los jueces emitan su dictamen.
Por 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó una moción que cuestiona si el acuerdo con el Mercosur, firmado el pasado fin de semana tras más de un cuarto de siglo de negociaciones, respeta los tratados de la Unión Europea. La decisión ha contado con el apoyo de los Verdes, la Izquierda Europea y los grupos de extrema derecha, además de algunos eurodiputados del Partido Popular Europeo (principalmente los polacos) y de los representantes franceses de todos los grupos.
El punto central del debate es la validez legal del mecanismo de reequilibrio incluido en el pacto, que varios diputados consideran que podría afectar a la autonomía regulatoria de la UE. Este mecanismo permite solicitar una compensación cuando una de las partes considere que nuevas políticas de la otra anulan o perjudican los beneficios comerciales esperados del acuerdo. Algunos eurodiputados temen que esto suponga un freno para las políticas ambientales y climáticas de la UE, ya que los países de Mercosur podrían activar el mecanismo si se consideran perjudicados.
La Eurocámara también cuestiona la base legal elegida para su aprobación, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales.
«Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo en esta moción no están justificadas porque la Comisión Europea ya las ha abordado de manera muy profunda con el Parlamento», declaró el portavoz del Ejecutivo comunitario Olof Gill tras ser preguntado por la decisión. El portavoz añadió que las cuestiones sobre las que se duda de su legalidad han sido abordadas en tratados comerciales anteriores, en particular en el acuerdo con Chile.
La Comisión podría activar la aplicación provisional
Técnicamente, la Comisión Europea podría activar la aplicación provisional de la parte comercial del acuerdo, algo que es enteramente de su competencia, pero políticamente resulta una opción arriesgada, ya que podría generar malestar entre los eurodiputados y poner en riesgo la ratificación del pacto. Según informó Euronews, la máxima responsable de comercio de la Comisión, Sabine Weyand, ha comunicado a los miembros de la Eurocámara mediante correos electrónicos que la aplicación provisional no se llevaría a cabo sin que el Parlamento estuviera de acuerdo.
En caso de decidir la activación provisional, la Comisión Europea tendría que esperar a que alguno de los países de Mercosur ratificara el pacto, lo que todavía no ha ocurrido.
Según el TJUE, este tipo de dictámenes tardan de media entre 18 y 24 meses en ser pronunciados, si bien la corte tiene el control total sobre los procedimientos y puede, cuando las circunstancias lo requieran, dar prioridad a una solicitud de opinión en la práctica.
La decisión supone un revés para el pacto, firmado el pasado sábado tras 26 años de negociaciones. El acuerdo de libre comercio daría lugar a una de las mayores zonas integradas del mundo, con 720 millones de personas. Países como Polonia habían advertido hace unos días de que no se podía separar la parte comercial del acuerdo de asociación, como pretendía la Comisión Europea, con el objetivo de que la reducción de aranceles para los productos a ambos lados del Atlántico entrara lo más rápidamente posible en vigor sin necesidad de la convalidación de los parlamentos nacionales.
El pacto permitía a los dos bloques, que juntos suman 31 países y representan cerca de un cuarto de la economía mundial, reducir o eliminar gradualmente los aranceles para alrededor del 90% de los bienes intercambiados entre ambos bloques.
El campo andaluz mantiene las movilizaciones
Los agricultores y ganaderos europeos se han manifestado reiteradamente en contra de este acuerdo, al considerar que permitirá la entrada de productos del otro lado del Atlántico con menos garantías sanitarias y con menores costes laborales. La UE, para paliar este problema, había acordado con Mercosur cupos a productos sensibles (vacuno, carne de ave, arroz, miel, etc.) y había establecido salvaguardas para que si se producían alteraciones en el mercado se pudieran paralizar las importaciones.
El campo andaluz mantiene sus movilizaciones y saldrá a la calle contra el acuerdo el próximo 29 de enero en unidad de acción, en protesta tanto por el pacto con Mercosur como por los recortes previstos para la Política Agraria Común (PAC) en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034.
Las organizaciones agrarias andaluzas (Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias) consideran que se trata de un acuerdo desequilibrado que pone en peligro sectores clave para Andalucía como la carne de vacuno, los cítricos, el arroz o la aceituna de mesa. Las organizaciones señalan que incluso sectores que podrían parecer beneficiados, como el aceite de oliva o el vino, no obtendrán ventajas reales a corto plazo debido a los largos periodos transitorios antes de la plena liberalización. También están en riesgo otros sectores como el de las aves de corral, la remolacha o la miel, cuyos productos podrán entrar desde los países de Mercosur con menos trabas.
COAG Andalucía y Asaja Sevilla han emitido este miércoles sendos comunicados en los que apuestan por mantener la presión, a la vista de los resultados obtenidos en la Eurocámara. «Hemos ganado una batalla, no la guerra», ha afirmado Juan Luis Ávila, secretario general de COAG Andalucía.